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La trama de los ERE

La juez reclama a la Junta andaluza copia íntegra de 84 expedientes ya solicitados y un informe de la encomienda a IDEA

24/11/2011
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Pide a las aseguradoras las cuantías percibidas por 12 de los presuntos falsos prejubilados en función de las pólizas investigadas

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

La juez Mercedes Alaya, que indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso de dichos fondos, reclama a la Junta de Andalucía la "copia íntegra" de absolutamente toda la documentación de unos 84 expedientes de ayuda ya solicitados en autos previos del 16 de abril y 14 y 27 de septiembre.

Igualmente, reclama el informe que el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, encargó en julio al consejero de Empleo, Manuel Recio, sobre la tramitación de la orden dictada por el segundo de ellos para encomendar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) "la materialización referente a los programas sociolaborales y las ayudas excepcionales dependientes de los mismos".

Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga esta presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.

Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

EL DESTINO DE LOS FONDOS

Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Hasta el momento, la Consejería de Empleo ha detectado un total de 72 prejubilaciones totalmente falsas, extremo que investiga la citada instancia judicial.

A tal efecto, y en un nuevo auto dictado el 18 de noviembre y recogido por Europa Press, la juez Mercedes Alaya rememora que ya los pasados 16 de abril, 14 de septiembre y 27 de septiembre, reclamaba a la Junta de Andalucía mediante tres autos toda la documentación relativa a unos 84 expedientes administrativos elaborados sobre ayudas públicas concedidas por la Consejería de Empleo para numerosas empresas o entidades.

Y es que en este nuevo auto, la juez pide nuevamente la documentación correspondiente a las ayudas otorgadas al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) y a la empresa Refractarios Sevilla porque "no se encuentra dentro de las cajas" entregadas.

"NOTAS MANUSCRITAS O BORRADORES"

Además, y respecto a los expedientes aludidos en los autos de fecha 16 de abril, 14 de septiembre y 27 de septiembre, reclama la entrega de la "copia íntegra" de toda la documentación al no figurar en ella "notas manuscritas o borradores" que "contienen información relevante" para las diligencias, pues la propia Junta de Andalucía había avisado a la juez de que estos documentos no habían sido remitidos por aspectos como "no aparecer firmados".

De otro lado, reclama la juez el informe que, el 26 de julio, "interesó" el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, al consejero de Empleo, Manuel Recio, sobre el "procedimiento seguido para la tramitación" de la orden de 27 de abril de 2010 dictada por el propio consejero de Empleo y "por la que se formaliza acuerdo de encomienda a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para la materialización referente a los programas sociolaborales y las ayudas excepcionales dependientes de los mismos".

LAS CUANTÍAS PERCIBIDAS POR LOS IMPUTADOS

Por último, la juez Mercedes Alaya solicita al Consorcio de Compensación de Seguros y a la división aseguradora del Banco Vitalicio las "cantidades percibidas" por 12 imputados en la causa al figurar como beneficiarios de pólizas de seguro de rentas asociadas a expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas para las que nunca han trabajado. También solicita la juez los importes abonados por la Junta para cada una de estas pólizas en cuestión.

Entre estos 12 imputados figuran el exalcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo y María del Carmen Fontela, una de las primeras implicadas en ser descubierta, además de Victorina Madrid Pisabarro, suegra del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales involucrados en los hechos y ya imputado a cuenta de su papel en el organigrama de la Consejería de Empleo.

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