MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
En julio pasado la Sala Segunda del alto tribunal dictó una diligencia en la que daba un plazo de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en el procedimiento para que presentaran las alegaciones pertinentes contra el recurso de amparo que los magistrados interpusieron contra la sentencia de la Sala de lo Civil del Supremo que el 23 de febrero de 2004 les condenó por actuar "con negligencia profesional grave" e "ignorancia inexcusable", al negarse a resolver el recurso del letrado "sin aducir razón alguna" que fundamentara su decisión.
En sus alegaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, Mazón sostiene que los once magistrados recurrentes "incurrieron en una conducta deshonesta al utilizar su propio tribunal para presentar un recurso de amparo de ellos mismos", lo que, a su juicio, supone "una violacion del deber de dignidad e imparcialidad en el cargo que establece la Ley del Tribunal Constitucional".
También recuerda que los magistrados que integraban el Pleno del TC aprobaron el 3 de febrero de 2004 un acuerdo en el que reprobaban la sentencia del Supremo, por lo que la presentación de un recurso de amparo sobre este mismo asunto supone "un abuso de derecho". "El recurso carece de todo fundamento, ya que la sentencia está motivada, no como aquel acuerdo que ellos dictaron en la demanda del abogado que luego les demandó", defiende. *TRES MIEMBROS DEL TC EN EJERCICIO
La sentencia del Supremo, dictada en enero de 2004, condenó a tres miembros en ejercicio del TC --su actual vicepresidente, Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera-- y a otros ocho magistrados -- la expresidenta María Emilia Casas, Roberto García-Calvo (ya fallecido), Vicente Conde, Guillermo Jiménez, Manuel Jiménez de Parga (que lo presidía en dicho momento), Tomás Vives, Pablo García Manzano y Pablo Cachón--.
El Supremo consideró que los magistrados del TC --todos menos Jorge Rodríguez Zapata, que se incorporó al tribunal después de la polémica decisión-- incurrieron en responsabilidad civil por inadmitir de plano el recurso de amparo de Mazón. Aunque lo debatieron, el Supremo no consideró acreditado que los magistrados del Constitucional actuaran con dolo o mala fe al inadmitir el recurso sino que incurrieron en responsabilidad culposa.
Ello ahorró a los magistrados condenados tener que plantearse la dimisión, ya que el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional recoge como causa de cese de los magistrados el haber sido declarado responsable civilmente por dolo. También se evitó una compleja solución al problema, ya que dichos ceses tendrían que haber sido acordados por mayoría de tres cuartos del Pleno del alto tribunal, integrado por los 11 condenados más Rodríguez Zapata.
El Pleno de la Sala de lo Civil del Supremo impuso a cada uno de los magistrados el pago de 5.500 euros al abogado, a razón de 500 por cada magistrado. Mazón, sin embargo, pedía en su recurso una indemnización de 11.000 euros (1.000 por cada magistrado).
