A su llegada a los juzgados madrileños de Plaza Castilla, donde declaró como imputado en la causa abierta contra 16 controladores por el abandono de sus puestos de trabajo, Cela explicó a la prensa que "el único responsable de lo que ocurrió aquel día fue AENA y no los controladores como se les achaca".
Además, el presidente del sindicato, que representa a más el 90% del colectivo, aclaró que su comparecencia ante la juez se produce "no como presidente de USCA, sino como trabajador al que AENA le atribuye la falta al servicio del día 3 de diciembre por la tarde", cuando los controladores comenzaron a abandonar sus puestos en las torres de control.
Respecto a ese día, Cela explicó que el gestor aeroportuario le había concedido "una dispensa sindical para el citado servicio, por lo que la falta de asistencia no es real, es falsa".
En este sentido, el presidente de USCA acusó a AENA de enviar al Juzgado de Instrucción número 3 (bis) de Madrid, que tramita la causa, una documentación que "al menos contiene dos irregularidades", porque en ella se le atribuye la firma del documento de horarios de seguridad correspondiente al servicio de la tarde del 3 de diciembre. "Cosa que obviamente no hice", apuntó Cela, quien puso en duda la información aportada por AENA sobre el resto de controladores.
EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES.
Por su parte, el abogado de la Agrupación de Demandantes por el Cierre del Espacio Aéreo, Luis Vericat, del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, anunció a su llegada al juzgado que reclamarán el embargo preventivo de los bienes de los controladores para hacer frente a la petición de indemnizaciones de 10.000 euros para cada afectado por daños morales.
"Esperamos que el presidente de USCA explique lo que pasó", afirmó Vericat, quien consideró que "no fue casualidad que todos (400 controladores) se pusieran enfermos a la vez; hubo una planificación de abandono masivo".
Durante la mañana también declararon otros tres controladores aéreos, quienes coincidieron en alegar que se dieron de baja por razones "psico-físicas" provocadas por el estrés de la situación laboral y negaron que estuvieran organizados para secundar un paro encubierto. Los imputados solo contestaron a las preguntas de la juez y del Ministerio Fiscal.
El pasado 6 de mayo, la juez María del Sagrario Herrero admitió a trámite la demanda presentada por la agrupación, en nombre de más de 10.000 afectados, y ordenó la averiguación de la identidad de los controladores que atendían los turnos fijados para esos días para llamarlos a declarar. Además, los afectados han presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra AENA, que podría superar los 10 millones de euros. Fuente: Europa Press
