El magistrado decreta la busca y captura internacional de los 20 procesados y su prisión provisional comunicada y sin fianza.
El auto judicial ordena, además, que presten fianza individual de 3.200.000 de euros "para asegurar la responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérseles".
El juez Eloy Velasco admitió en enero de 2009 a trámite la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España contra los supuestos autores de la matanza.
