UNA CUESTIÓN DE ESTADO
Durante estos días, la Justicia ha sido de nuevo noticia, y en esta ocasión deberíamos alegrarnos, porque el hecho noticiable no ha versado sobre error, disfunción o fallo que por ser excepcional siempre se sobredimensiona, ocupando los titulares más destacados. En las últimas fechas la Justicia ha vuelto a ser protagonista, la necesidad de su reforma ha ocupado, aunque sea en lento goteo, lugar destacado en algunos medios de comunicación. Hecho con el que nos congratulamos todos, no sólo quienes, desde el ejercicio de nuestras responsabilidades, estamos comprometidos en su mejora, sino todos los ciudadanos.
El Consejo General del Poder Judicial está impulsando un gran acuerdo de los grupos políticos para lograr que, antes de que concluya la presente Legislatura, el Parlamento apruebe determinados proyectos de ley que van a suponer una mejora notable en el funcionamiento de nuestro sistema judicial y que los ciudadanos van a percibir de manera nítida y casi inmediata, porque las consecuencias de una mayor agilización de los procesos judiciales o de mejores prestaciones tecnológicas afectan y fortalecen la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución consagra en el artículo 24.
Este protagonismo del Consejo no obedece a ninguna campaña de imagen ni a estrategia de comunicación. Obedece lisa y llanamente al cumplimiento de nuestra función constitucional de gobierno de un Poder del Estado, tantas veces explicitado, que tiene la obligación legal de asegurar el buen funcionamiento de la Justicia en este país y que ha asumido las históricas demandas de jueces y magistrados comprometidos en una Justicia al servicio de los ciudadanos.
Queda fuera de toda duda la legitimación del Consejo General del Poder Judicial para dirigirse con el máximo respeto institucional a los demás poderes del Estado; legitimación reafirmada por el convencimiento de que es la sociedad española la que demanda una Justicia moderna, cercana, ágil y tecnológicamente avanzada. Es, en suma, una cuestión de Estado, más allá de las diferentes, y legítimas, posiciones políticas.
El aumento de la litigiosidad en estos últimos diez años (más de un 33%) es, sin duda, reflejo de una sociedad democrática moderna, dinámica y compleja como la nuestra, pero también es indicativo de que, a pesar de los reiterados estereotipos de poseer una mala imagen que, con frecuencia, se aplican a la Justicia, los ciudadanos confían en nuestros jueces para la resolución pacífica de sus conflictos. Pero la Justicia para ser eficiente ha de actuar con rapidez, eficacia y calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados y más garantistas. Ha de cumplir de forma satisfactoria su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos proporcionando seguridad jurídica.
El proceso de cambio ya está en marcha y no puede ser contemplado de manera aislada, sino que se incardina en un amplio proceso de reformas de toda índole que afectan a las estructuras, a los procedimientos, a la planta judicial y a la propia organización, como sucede en la actualidad con la gradual implantación de la Nueva Oficina Judicial.
Las medidas que, en materia de agilización procesal, acaba de aprobar el Gobierno y se encuentran ya en el inicio de su trámite parlamentario supondrán el motor de arranque hacia la eficacia y eficiencia: el proyecto de ley de agilización procesal es fruto del trabajo de todos, de la experiencia de quienes administran justicia, de sus órganos gubernativos y de su órgano de gobierno, y todas dirigidas a un mismo fin, garantizar al ciudadano un servicio público de calidad. Medidas encaminadas a reordenar los procedimientos, a suprimir trámites procesales innecesarios o sustituirlos por otros más breves, sin mermas de las garantías de los ciudadanos y a consagrar la función unificadora de doctrina de nuestro más Alto Tribunal, el Tribunal Supremo. Sería también deseable que el espíritu agilizador del legislador alcanzara a la tan reclamada reforma de nuestro proceso penal, sobre todo cuando este abarca el 71% de los asuntos que ingresan en los juzgados españoles.
El proyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación constituye el cauce que permitirá la incorporación definitiva de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, lo que posibilitará mejorar la gestión en las oficinas judiciales, actualizando su funcionamiento e incrementando los niveles de eficiencia. Las nuevas tecnologías permiten abaratar los costes del servicio público, la adecuada interconexión informática y el camino que nos conducirá al Expediente Digital y con ello una adecuada optimización de los recursos, y lo que es más importante consagra el derecho del ciudadano a relacionarse con la Administración de Justicia a través de las nuevas tecnologías. Se completan las reformas en materia judicial con el anteproyecto de ley por el que se crearán, en su día, los Tribunales de Instancia, que incidirá de manera notable en la demarcación y planta judicial.
Se ha dicho en muchas ocasiones que invertir en Justicia es invertir en el futuro. Y ello es así, también en los momentos presentes, porque apostar por la reforma de la Justicia es, al garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema judicial, proteger y defender la economía del país.
