Una vez superado este trámite en la Cámara Baja, la Ley de Economía Social entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El objetivo básico de la Ley es configurar un marco jurídico que suponga un reconocimiento y una mejor visibilidad de la economía social, otorgándole una mayor seguridad jurídica por medio del establecimiento de los principios que deben cumplir las entidades que la forman. A partir de estos principios se recogen el conjunto de las diversas entidades y empresas que contemplan la economía social.
Al mismo tiempo, se reconoce como tarea de interés general, la promoción, estímulo y desarrollo de esta concepción económica y de sus organizaciones representativas. La norma contempla además la importancia de la interlocución de los poderes públicos con las organizaciones que representan a las distintas entidades que componen la economía social.
La necesidad de sacar adelante un texto legislativo centrado en la economía social viene respaldado por las demandas de diferentes colectivos vinculados a este ámbito así como por la conexión que se establece entre la misma y los principios y objetivos que inspiran la Ley de Economía Sostenible. Y es que la economía social es, en cierto modo, precursora y está comprometida con el modelo económico de desarrollo sostenible en su dimensión económica, social y medioambiental.
En España, el sustrato jurídico en el que se fundamentan las entidades de la economía social sienta las bases en diferentes artículos de la Constitución Española que hacen referencia la misma. Será a partir del año 1990 cuando el reconocimiento se haga expreso a raíz de la creación del INFES (Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social) cuyo objetivo principal era el fomento de las entidades dedicadas a la economía social. Este organismo cede el testigo en 1997 a la Dirección General del Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo así como a las instituciones que surgen en el seno de las Comunidades Autónomas.
