Este Estatuto, que continúa ahora su tramitación en el Senado, versa sobre la incorporación de España como miembro de la Agencia Internacional de Energías Renovables, una entidad que promoverá la implantación generalizada y reforzada y el uso sostenible de todas las formas de energía renovable. Para ello tendrá en cuenta, por un lado, las prioridades nacionales e internas y los beneficios derivados de un planteamiento combinado de energía renovable y medidas de eficiencia energética.
Por otro lado, la Agencia considerará la contribución de las energías renovables a la conservación del medio ambiente al mitigar la presión ejercida sobre los recursos naturales y reducir la deforestación, sobre todo en las regiones tropicales, la desertización y la pérdida de biodiversidad. También considerará la aportación de estas energías a la protección del clima; al crecimiento económico y la cohesión social, incluido el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible; al acceso al abastecimiento de energía y su seguridad; al desarrollo regional y a la responsabilidad intergeneracional.
