En el texto, que salió adelante con 185 votos a favor, 151 votos en contra y 9 abstenciones, se insta al Gobierno a que, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, y en el marco del Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, se promueva la modificación de la Ley de Empleo para modernizar y flexibilizar las políticas activas de empleo y de esta manera mejorar su utilidad para las personas desempleadas.
Esta reforma, explica la moción, debe lograr, en primer lugar, flexibilizar la regulación de las políticas activas con el fin de garantizar a las Comunidades Autónomas la autonomía y la capacidad real de gestión necesarias para adecuar las políticas estatales de empleo a las necesidades concretas de su mercado de trabajo. Asimismo, contempla modernizar el enfoque de las políticas activas propiciando el desarrollo de un modelo de atención personalizada y de itinerarios individuales de empleo.
Por otra parte, el texto aprobado prevé un refuerzo de las capacidades de recolocación de los Servicios Públicos de Empleo y un incremento de la colaboración de los servicios públicos de empleo con la iniciativa privada para mejorar su eficiencia, reducir los periodos de desempleo y aumentar las posibilidades de recolocación de los desempleados.
Además, la moción contempla estrechar la vinculación entre políticas activas de empleo y las políticas pasivas de protección social, impulsar nuevas que favorezcan la creación de empresas y la adecuación del actual marco jurídico y una evaluación periódica de los resultados y la rendición de cuentas ante el Congreso de los Diputados.
En el texto se precisa que, para llevar a cabo esta reforma, será preciso aumentar la financiación de las políticas activas, en el marco de los compromisos de contención del déficit público. Además, y en el contexto de la reforma, se deberá proceder a establecer formulas que permitan extender a aquellas Comunidades Autónomas que así lo planteen el traspaso de los incentivos a la contratación, mediante el régimen de bonificaciones de las cuotas sociales.
Por último, la moción considera la necesidad de revisar el funcionamiento del subsistema de formación profesional de común acuerdo con las Comunidades Autónomas y con los agentes sociales, con el fin de lograr mayor adecuación a las necesidades de empleabilidad de los trabajadores, incluidos los autónomos y empresas, así como aumentar la territorialización de los recursos para su correcta gestión. El texto prevé que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia.
