La Ley crea y regula un registro de profesionales sanitarios que se declaren objetores de conciencia en relación con el aborto. Indica que los profesionales del Servicio Navarro de Salud "directamente implicados en una intervención sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo que, por razones de conciencia, no puedan realizar dicha intervención, deberán presentar una declaración de objeción de conciencia" y concretar en qué supuestos recogidos por la ley objetan.
El PP considera que la ley establece "serias restricciones" al ejercicio del derecho a la libertad de conciencia. Destaca que la ley nacional "no exige a los profesionales que se niegan a participar en las interrupciones voluntarias de embarazos que tengan que inscribirse en ningún registro donde queden archivados sus datos personales", ya que basta con que lo comuniquen a quien lleve la gestión del hospital para que se pueda organizar el servicio.
Mantiene, además, que una ley autonómica no puede regular cuestiones que afecten al desarrollo de derechos fundamentales.
