La sentencia eleva las penas de cuatro de los catorce reclusos condenados por el motín y confirma la absolución de la Generalitat, a quien las acusaciones pedían que pagara las indemnizaciones a los heridos como responsable civil subsidiaria, porque no está probado que incumpliera preceptos legales o reglamentarios en la gestión de la prisión.
El Supremo considera que el delito de detención ilegal debe aplicarse de forma agravada, dado que la víctima era un funcionario de prisiones cuya condición "era conocida por los internos, que lo detuvieron precisamente" por ese motivo. Motivo por el cual aumenta en once meses las condenas a tres de los cabecillas y principales implicados en el motín.
A otro de los instigadores de la revuelta al que la Audiencia de Barcelona exculpó de la detención ilegal, el Supremo ha acabado imponiéndole tres años y once meses por ese delito, con lo que su condena supera ahora los veinte años de cárcel.
