Los grupos parlamentarios del Congreso tenían hasta hoy para presentar a los candidatos del Congreso al Tribunal Constitucional pero no obstante el desacuerdo entre PSOE y PP sobre uno de ellos, a propuesta de los populares, bloquea la renovación. El PSOE albergaba la esperanza de que el PP desistiera en su postura de presentar a Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, rechazado ya por los socialistas en el Senado, pero los populares le mantienen.
Este conflicto servirá para corregir una anomalía que grupos de oposición consideraban bastante significativa: el Gobierno retenía la publicación en el BOE de los cuatro magistrados constitucionales elegidos por el Senado el pasado 1 de diciembre, ante la expectativa de que pudieran coincidir estos nombramientos con los del Congreso, para renovar conjuntamente el alto tribunal y proceder a una única elección de presidente. No ha sido así.
La publicación será inminente y la toma de posesión se verificará cuando las agendas de las autoridades del Estado lo permitan, al coincidir el desbloqueo con las fiestas navideñas. Pero ya no habrá demoras significativas ante la imposibilidad de saber cuándo se producirá el acuerdo sobre los candidatos que tiene que nombrar el Congreso.
Los dos partidos mayoritarios han de ponerse de acuerdo en el Congreso para cubrir las plazas de cuatro magistrados, tres de los cuales tienen el mandato prorrogado y el cuarto sustituirá al fallecido Roberto García Calvo. Ya ayer se entró en la fase de incumplimiento de la obligación de presentar candidatos.
La renovación de los magistrados del Senado comenzará con la publicación de seis reales decretos de cese de los magistrados salientes, María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata -nombrados el 16 de diciembre de 1998 los tres primeros y el 18 de diciembre de 2002 el último-, y otros dos correspondientes al cese de la presidenta Casas y el vicepresidente Jiménez, elegidos para el cargo el 15 de junio de 2004.
El cese se hará efectivo en cuanto tomen posesión los cuatro nuevos, Luis Ignacio Ortega y Adela Asúa, propuestos por el PSOE, y Francisco Hernando y Francisco Pérez de los Cobos, a propuesta del PP.
Dado que la ley orgánica del Tribunal Constitucional prevé que a falta de presidente presidirá el magistrado más antiguo y en caso de igual antigüedad, el de mayor edad, la presidencia recaerá en el conservador Javier Delgado Barrio, de 78 años.