La regulación de las agencias privadas de colocación se incluía en la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, aprobada en el mes de septiembre, con el objetivo de mejorar los mecanismos de intermediación laboral y fomentar las oportunidades de acceso al empleo por parte de las personas desempleadas.
Sin coste para los trabajadores
Los puntos básicos en la regulación de dichas agencias son:
Las agencias de colocación podrán ser públicas o privadas.
Los servicios que presten serán gratuitos para los trabajadores.
Realizarán actividades de intermediación laboral a las que podrán acompañar actuaciones de orientación, información profesional y selección de personal.
Podrán actuar de forma autónoma o como entidades colaboradoras de los Servicios Públicos de Empleo.
Deberán atender a todas las personas desempleadas y respetarán la igualdad de trato y no discriminación en el empleo.
Su funcionamiento deberá ser autorizado por el Servicio Público de Empleo Estatal.
El incremento del desempleo en los dos últimos años requería una mejora en el funcionamiento de la puesta en contacto de las ofertas de trabajo de las empresas con los trabajadores que buscan empleo, que pasa a ser uno de los ejes de las políticas activas de empleo junto a la orientación y la formación a trabajadores ocupados y desempleados.
Las medidas de formación o de recualificación requieren de un tiempo para producir efectos, ya que se trata de medidas de preparación de los trabajadores, pero la realidad actual del empleo no admite demoras en la puesta en marcha de manera inmediata de nuevas iniciativas que, a medio plazo, puedan contribuir a la conformación de un escenario más productivo.
Es en ese aspecto donde, junto al fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo, se ha buscado una colaboración público-privada en la intermediación laboral, preservando la centralidad de los Servicios Públicos de Empleo, pero complementando su actividad a través de las agencias privadas de colocación.
