Ahora se abre un plazo de 15 días para que los gobiernos central y catalán, las Cortes y el Parlament puedan personarse en el proceso y formulen alegaciones sobre la admisión a trámite de los recursos. Los recursos fueron promovidos ante varios aspectos de ambas leyes que "vulneran el derecho a usar el castellano con libertad".
Tanto el Defensor del Pueblo como el Grupo Popular recurrieron artículos del Código del Consumo de Cataluña por considerar que dentro de un establecimiento comercial no puede obligarse a utilizar el catalán.
Por otra parte, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Cine de Cataluña, que prevé que la mitad de las películas extranjeras que se exhiban en los cines de esta comunidad deberán estar dobladas o subtituladas en catalán, y prevé sanciones para las salas que incumplan la normativa.
