LOS EQUILIBRIOS DE NASH Y LA NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA
Con la Ley Electoral que tenemos, donde existe una clara sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas, la negociación presupuestaria habitual cumple siempre el mismo rito. Se trata de: a) en una primera fase, intentar buscar cooperación por parte del partido del Gobierno con el resto de los grupos, excluido siempre el de la oposición mayoritaria; b) seleccionar un grupo nacionalista valedor con fuerza de préstamo/alquiler/compra de votos; c) ofrecer cualquier elemento, incluso los irreversibles para el Estado, a cambio de adquirir un plazo temporal de permanencia; d) cerrar el acuerdo con una falsificación de la preferencia real -mantenerse en el poder cada vez más debilitado-, que se sustituye por una enfática pero ya no creíble apelación a la responsabilidad y la estabilidad.
Nótese cómo la demanda de asistencia política por el Gobierno de la Nación es siempre la misma, muy concreta y conocida de antemano. Se trata simplemente de que se le aprueben los Presupuestos. Por el contrario, para casar la oferta, las demandas de los partidos nacionalistas no son conocidas previamente, sino que son fruto de las exigencias del momento, basadas en un ideario máximo que se desgrana y concreta por puro azar cada año. Así, un año se pide una cosa que nunca tiene que ver con los Presupuestos, y al otro se reclama otra tan diferente que el negociador estatal ni sabe de qué se tratará. Existe una clara asimetría en la información, pues.
Las consecuencias son letales para el Estado y, con él, para todos los españoles. Se produce una carrera nacionalista a ver quién exige más, y siempre a costa de saquear al Estado, no sólo ya en sus arcas, sino en sus poderes y competencias. Por tanto, el efecto que siempre produce una negociación presupuestaria es el de debilitar y descomponer al Estado, que no puede realizar un año la negociación, lo que sí podría hacer el año anterior. Y todo ello, con la banalidad de continuar en prórroga una determinada situación política.
La técnica del blackmail o chantaje sobre el Estado está firmemente asentada entre los partidos nacionalistas. Dos votos, por ejemplo, de Coalición Canaria, pueden valer mucho más que decenas de políticas financiadas ortodoxamente. Se entrega el dinero y ya veremos después. Y sobre todo, se juega con la estabilidad institucional. Por ejemplo, diciendo, sin sentido, que las aguas interiores del Archipiélago son Canarias, directamente en contra del Derecho Internacional y Constitucional. Así, se genera ridículo e indefensión sobre las instituciones, que, por consiguiente, dejan de serlo.
La situación es insostenible. La corrosión del prestigio y reputación del Estado llega a la humillación completa, diciendo, nada menos el presidente, que España como nación es un concepto discutido y discutible, en pago directo a los chantajes impuestos por esta vía. Por tanto, la cuestión es si existe posibilidad de generar un tipo de negociación distinta.
Si partimos de la Constitución, en el artículo 134 comprobamos que, en caso de no aprobarse los Presupuestos, éstos se prorrogan automáticamente. También que tendrán carácter anual y que comprenderán la totalidad de los gastos y de los ingresos.
Ahora bien, en muchas partidas, inevitablemente, el impacto anual tiene repercusión plurianual. Aprobados los Presupuestos, se plantea si la expresión de que pueden modificarse después mediante la presentación de proyectos de ley cabe aunque estén prorrogados (en general, resuelto, es verdad, negativamente por la doctrina).
Pero la clave está, a mi juicio, en si el resultado de una prórroga presupuestaria es tan letal como podría parecer de hacer caso al fantasma político que asusta tanto a quien decide entregar todo el Estado por un plato de lentejas anual.
Y creo que existe algún margen importante para apostar de manera firme y con compromiso (T. Schelling, Premio Nobel de Economía) y que obligue a cambiar el tono, período y contenido de las actuales negociaciones asimétricas.
Y, además, parto de que, lejos de ser tan rígida y firme, se demuestra, día a día, partida a partida, que tienen muchas veces más elasticidad de la que se predica, especialmente en los recortes de gasto. Bastaría con no aplicar en su totalidad los presupuestos para lograr comenzar un juego mayor de flexibilidad financiera si, llegado el caso, esa prórroga fuera real y duradera.
Esto es, que en la hipótesis peor, durara todo el año siguiente a la negativa al acuerdo formal de votación de los Presupuestos.
Pero, además, dudo seriamente de que, en teoría de juegos, la hipótesis sea tan amenazante. Desde luego, hay que partir de que en un país con esta composición electoral del Parlamento, no existe posibilidad, por definición, de un óptimo de Pareto. Pero si se actúa con firmeza, el dilema del prisionero entre Gobierno central y minorías nacionalistas supone dos prisioneros sin árbitro (sin policía que coaccione), siendo así que existirían varios equilibrios de Nash donde se puede llegar a solventar el problema.
Así, supuesto que existiera firmeza de un líder nacional que no se quisiera someter al chantaje de los nacionalistas periféricos, la cuestión estaría en que la amenaza mayor sería que tuvieran que prorrogarse los Presupuestos y que, a continuación, el Gobierno cayera. Y ello no es una hipótesis creíble, no es una amenaza efectiva, porque los primeros que estarían horrorizados con la caída del Gobierno Central serían los propios partidos nacionalistas, que quedarían colocados ante los resultados de su propia amenaza en términos que les resultarían insoportables. Porque si cae el Gobierno y hay elecciones, para ellos el resultado es bastante peor, tanto en términos de rentabilidad a corto plazo en el Parlamento como, sobre todo, de fatiga y cansancio en la opinión pública, que se apresuraría a exigir un cambio en esta nociva Ley Electoral que tan rentable les resulta.
Además, apenas se prorrogaran los Presupuestos, inevitablemente quedaría de manifiesto la enorme fuerza moral y psicológica del Gobierno, así como el carácter puramente ventajista y oportunista de tales minorías. De ahí, al paso siguiente; esto es, que hubiera un clamor por una Gross Koalitionen, al menos sobre determinadas partidas se lograría en apenas unos minutos. Y ello, también, constituye la peor amenaza para las minorías oportunistas.
Caben, en mi opinión, soluciones, partiendo del compromiso firme del Ejecutivo de no ceder sobre determinados apremios. Con lo cual, la negociación política podría derivar a su ámbito más natural y aceptable: compromisos de gastos, dinero; en fin, instrumentos comprensibles de cotidiana actuación, pero que no suponen acciones irreversibles para que el Estado siga siendo tal.
Claro está que ello exige, desde luego, compromiso, liderazgo, firmeza e ideas claras. Exactamente lo que se demanda de un líder que hoy por hoy echamos en falta. La capacidad de riesgo político, medida en audacia, sin imprudencia, es la dimensión de un líder, de alguien que no sea quien desciende de un taxi que llega vacío, como Churchill dijo de Atlee.
