El Tribunal cuestionaba la constitucionalidad del artículo 10.1 y 2 de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil ya que, dado el doble carácter, militar y civil, del instituto armado, sanciones de naturaleza específicamente militar como el arresto domiciliario podían ofrecer dudas sobre su encaje en la carta magna.
En su sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Elisa Pérez Vera, los magistrados subrayan que la sanción de arresto domiciliario no es una simple restricción de la libertad, "sino una verdadera privación de aquélla", y que ese carácter de sanción privativa de libertad se mantiene incluso en el caso de que a esa persona se le autorice a acudir a su centro de trabajo.
Establece el Tribunal que el procedimiento disciplinario aplicable a la Guardia Civil, en su consideración de fuerza de seguridad del Estado y no cuando actúa como fuerza armada, implica que "la privación de libertad ha de derivar de una sentencia judicial, debiendo ser impuesta por un tribunal competente que goce de independencia con respecto a la Administración y en un procedimiento seguido con las debidas garantías".
Aún así, dicho artículo puede tener su encaje constitucional si queda acreditado que la sanción de arresto ha sido impuesta por la administración militar, "siempre y cuando la actuación objeto de sanción se haya desenvuelto estrictamente en el ejercicio de funciones materialmente calificables como militares y no en el ámbito propio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
