La reciente crisis financiera puso de manifiesto la necesidad de mejorar una serie de aspectos relativos al funcionamiento de este tipo de organismos, que desarrollan una función esencial en los mercados financieros en tanto que evalúan la solvencia de una entidad o de un instrumento financiero.
Como respuesta común a las deficiencias de regulación detectadas, se aprobó en el seno de la Unión Europea el Reglamento sobre agencias de calificación crediticia, en el que por primera vez se determinan normas armonizadas sobre las condiciones organizativas y operativas que deben cumplir las agencias, así como su régimen de registro y supervisión.
Este nuevo marco deberá completarse en los próximos meses con la creación de la Autoridad Europea del Mercado de Valores (ESMA en sus siglas en inglés) y la atribución a la misma de las competencias de supervisión sobre las agencias de calificación. Ello supone el establecimiento de un verdadero marco supervisor europeo centralizado en la nueva autoridad, lo que resulta imprescindible en la medida en que la actuación de las agencias de calificación transciende el ámbito nacional de los Estados miembros. El proceso habrá de culminar con la puesta en funcionamiento de la Autoridad Europea con plenos poderes a lo largo de 2011, momento en el que los supervisores nacionales deberán estar preparados para asumir sus funciones de colaboración y para poder recibir la delegación de determinadas funciones dentro del sistema paneuropeo.
Seguridad jurídica
Por todo ello, resulta necesario llevar a cabo determinados ajustes en el ordenamiento jurídico español que, de un lado, garanticen la máxima seguridad jurídica en la aplicación del Reglamento a todos los actores del mercado y, de otro, den respaldo jurídico a las actuaciones que en el futuro realice el supervisor español del mercado de valores, la CNMV, en cumplimiento de la normativa comunitaria y, especialmente, en colaboración con la futura Autoridad Europea.
Así, en primer lugar, se establece la obligación para las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión de utilizar las calificaciones emitidas por agencias registradas o certificadas en virtud del Reglamento para el cálculo de sus recursos propios. Además, las entidades que operen en los mercados financieros deberán especificar que las calificaciones que utilizan han sido emitidas por agencias que se ajustan al nuevo régimen de registro establecido en el Reglamento.
En segundo lugar, la creación de esta autoridad común a toda la Unión Europea, y la atribución a la misma de las funciones supervisoras sobre las agencias de calificación quedaría incompleta de no llevarse a cabo en los ordenamientos internos los ajustes necesarios para que los respectivos supervisores nacionales puedan colaborar con las funciones de la futura Autoridad Europea, en orden a alcanzar la máxima eficacia e integración de la actividad supervisora europea sobre las agencias de calificación.
En definitiva, con esta Ley se pretende dotar de la máxima seguridad jurídica a las previsiones del Reglamento europeo, al tiempo que se realizan los ajustes imprescindibles para facilitar la efectividad del futuro sistema supervisor europeo sobre las agencias de calificación, una vez comience a desempeñar sus tareas la nueva Autoridad Europea.
