De este modo, se da cumplimiento al compromiso formulado en el Consejo de Ministros del pasado 29 de enero, en el marco de la aprobación del Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado para el periodo 2011-2013, en orden a aprobar con la fecha límite del 30 de abril un plan de racionalización de las estructuras de la Administración General del Estado y del Sector Público Empresarial Estatal.
Reducción del número de sociedades públicas
En línea con los compromisos asumidos por el Gobierno y con las medidas de austeridad puestas ya en marcha dentro de la Administración del Estado, el Plan aprobado hoy implica supresiones y refundiciones de empresas, así como reestructuraciones en los órganos directivos de las 106 sociedades del sector público empresarial en las que el Estado tiene una participación mayoritaria y puede, por tanto, aplicar de manera directa estas decisiones.
En relación a las medidas que se refieren a la estructura de los grupos empresariales, el Gobierno ha abordado un profundo proceso de reestructuración que implica la fusión de veinticuatro sociedades públicas, que pasarán a ser nueve. En el ámbito del Grupo Patrimonio, estas operaciones se concentran en las Sociedades de Aguas, pues de las diez existentes, ocho se fusionan en tres; en las de Infraestructuras Agrarias, que se reducirán a una respecto a las cuatro existentes en la actualidad; y en las Sociedades Culturales, donde una única empresa aglutinará las tres actualmente operativas. Además, en este grupo, DDI (Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación) se integrará en ENISA (Empresa Nacional de Innovación). En el grupo de Fomento, dos de sus empresas se convertirán en una y dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la concentración afectará a dos filiales de Tragsa, que se agruparán en una, y a las firmas Infoinvest, S.A., Sepides e Ingruinsa, que conformarán una nueva sociedad.
Por otro lado, el Gobierno ha acordado adoptar todos los acuerdos societarios necesarios para proceder a la extinción de un total de catorce sociedades mercantiles de propiedad estatal. Todo ello supone la desaparición de un total de veintinueve empresas públicas, lo que equivale a reducir en un 27,4 por 100 el número de sociedades participadas mayoritariamente por el Estado.
Menos cargos directivos
El otro gran eje de actuación del plan será la reducción del número de cuadros directivos presentes en los organigramas de las sociedades públicas. El Plan aprobado hoy establece un recorte de, al menos, un 10 por 100 en los puestos directivos de las empresas públicas estatales, así como una reducción de, al menos, un 15 por 100 en el número de consejeros de aquellas sociedades del sector público empresarial que cuenten con un Consejo de Administración con más de seis miembros.
Estos ajustes supondrán la amortización de 150 consejeros, que deberá formalizarse antes del próximo día 31 de julio, y la reducción de 36 cargos directivos, que ha de surtir efecto con anterioridad al 31 de diciembre de 2010.
La misma reducción en el número de directivos y consejeros aplicada a las empresas públicas se extiende también, en los mismos plazos temporales, a otras entidades públicas empresariales. En el caso de los consejos de las autoridades portuarias, el número de consejeros se reducirá en un 40 por 100. Con estas reducciones se amortizarán un total de trescientos consejeros y se reducirán cuarenta puestos directivos.
El Gobierno, a través de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, realizará un seguimiento permanente de la aplicación del plan y elevará un informe sobre el mismo al Consejo de Ministros en el primer trimestre de 2011.
