Manuel Marchena Gómez y José Manuel Maza Martín, magistrados del Tribunal Supremo, han cuestionado la legalidad del sistema de escuchas telefónicas conocido como SITEL porque el juzgado que recibe los datos grabados en un DVD "no puede dar fe de que el contenido coincide con un original al que no tiene acceso", ni tampoco "puede garantizar que no se han eliminado electrónicamente fragmentos de conversaciones de indudable trascendencia jurídica y que, sin embargo, han podido ser excluidos en el momento del volcado al soporte electrónico".
Ambos Magistrados opinan que la atribución de eficacia probatoria a esos DVD "supone un retroceso respecto al estado actual de las garantías constitucionales" y subrayan que la "relajación del nivel de exigencia" que el Tribunal Supremo y la jurisprudencia constitucional "han venido imponiendo" se produce en una materia "caracterizada precisamente por su volatilidad y las infinitas posibilidades de manipulación y tratamiento".
Proponen que el sistema garantice que después de cada conversación interceptada por los agentes facultados se proceda al "sellado tecnológico" del archivo de sonido, para así "salvaguardar su integridad, excluyendo cualquier riesgo de manipulación".
