Con la finalidad de mejorar la información de los consumidores, se regula de forma detallada la información básica que ha de figurar en la publicidad, comunicaciones comerciales y en los anuncios de ofertas que se exhiban en los locales comerciales en los que se ofrezca un crédito o la intermediación para la celebración de un contrato de crédito.
Igualmente, se establece una lista de las características del crédito sobre las que el prestamista ha de informar al consumidor antes de asumir éste cualquier obligación; información precontractual que deberá ser facilitada en un impreso normalizado en los términos previstos en la Directiva. Además, obliga a los prestamistas a ayudar al consumidor en la decisión sobre el contrato de crédito que, de entre los productos propuestos, responda mejor a sus preferencias y su situación financiera. Esta ayuda se concreta en la obligación de explicar al consumidor de forma personalizada las características de los productos propuestos así como la información precontractual correspondiente, y de advertirle de los riesgos en caso de impago o de endeudamiento excesivo.
Se introduce la obligación del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor con carácter previo a la celebración del contrato, para lo cual podrá servirse de la información obtenida por sus propios medios y de la facilitada por el futuro prestatario, incluida la consulta de bases de datos. Para garantizar la libre competencia, las condiciones de acceso a las bases de datos sobre la solvencia patrimonial de los consumidores han de ser iguales para todos los prestamistas establecidos en la Unión Europea.
En la fase de ejecución del contrato, la Ley regula el derecho de las partes a poner fin a un contrato de duración indefinida, el derecho del consumidor al reembolso anticipado del crédito, así como su derecho al desistimiento sin penalización, en cuya regulación se han seguido los criterios que rigen para el ejercicio de este derecho en la comercialización a distancia de servicios financieros.
En cuanto al régimen sancionador, el incumplimiento por entidades de crédito de las obligaciones impuestas por esta ley se sancionará conforme a lo establecido en la normativa sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, mientras que el incumplimiento por las demás personas físicas y jurídicas constituye infracción en materia de protección de los consumidores y usuarios.
Ventajas de esta ley para los consumidores:
Se mejora la información a los consumidores a la hora de contratar un crédito
Amplía notablemente la información precontractual y contractual que ha de facilitarse al consumidor, así como la publicidad relativa a los contratos de crédito. Asimismo, introduce prácticas responsables en todas las fases, como la responsabilidad de los prestamistas de controlar la solvencia del consumidor y de asistirle para que pueda decidir con garantías el producto crediticio que mejor se ajusta a sus necesidades y situación financiera.
Se incrementa la transparencia sobre las operaciones crediticias al consumo
Es de destacar, en ese sentido, la forma de cálculo de la tasa anual equivalente del crédito, que permite definir de forma clara y completa el coste total de un crédito para el consumidor y lograr que este porcentaje sea totalmente comparable en todos los Estados de la Unión Europea, lo que permite que las distintas ofertas puedan compararse y aumentar las posibilidades de los consumidores de acogerse al crédito al consumo transfronterizo más beneficioso.
Se incrementa la protección al consumidor
En línea con el criterio de dotar al consumidor de una mayor protección, esta Ley extiende sus previsiones a determinados contratos de crédito que no están incluidos en la norma que se transpone. Es el caso de los contratos de crédito destinados a adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir, contratos de crédito cuyo importe total es superior a 75.000 euros, contratos de crédito gratuitos a plazo superior a un año y contratos de crédito garantizados con prenda.
También se pretende conservar aquellas previsiones de nuestro derecho interno que ofrecen una mayor protección en el ámbito del crédito al consumo sin que vengan exigidas por la normativa comunitaria. Por ello, esta Ley recoge las previsiones de la Ley de 1995 relativas a la oferta vinculante, a la eficacia de los contratos vinculados a la obtención de un crédito, al cobro indebido, a las acciones de cesación y a la penalización por falta de forma y por omisión de cláusulas obligatorias en los contratos. Igualmente, introduce el derecho del consumidor a desistir del contrato de crédito.
