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Desafortunadas declaraciones de Caamaño; por Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional

19/08/2009
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El día 18 de agosto de 2009 se publicó, en el diario El Mundo, un artículo de Jorge de Esteban, en el cual el autor opina sobre las declaraciones del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, acerca de la esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

DESAFORTUNADAS DECLARACIONES DE CAAMAÑO

Un proverbio hindú señala lo siguiente: “Cuando hables procura que tus palabras sean mejores que el silencio”, lo cual no ha sucedido en absoluto respecto a las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, acerca de la esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. En este caso, hubiera sido mejor que no opinase sobre ese tema, porque con sus palabras ha contribuido a aumentar la confusión, en lugar de aclarar una materia tan importante.

Pero como las ha pronunciado ya, no existe más remedio que analizarlas, pues se trata de una materia trascendental para el futuro de España y, además, las ha dicho un miembro destacado del Gobierno. No quiero pecar de agorero, pero temo que este Ejecutivo nos lleve a la destrucción del Estado, porque hay caminos que irremediablemente conducen al precipicio y recorrerlos con una venda en los ojos no mitiga en absoluto los efectos de la caída.

Ahora bien, lo perverso de la situación actual es que esa venda que tiene el Gobierno se la puede reforzar más aún el Tribunal Constitucional con una sentencia claudicante. Todo esto nos lo podíamos haber ahorrado, si no se hubiera suprimido, en la primera reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el recurso previo de inconstitucionalidad que se había previsto para los Estatutos de Autonomía, porque en ese caso el Estatuto de Cataluña no habría entrado en vigor hasta que el Tribunal Constitucional no se hubiera pronunciado sobre su constitucionalidad o no.

Como se cometió ese error, hoy estamos pagando las consecuencias y, por lo tanto, desde hace casi tres años, el Parlamento catalán ya ha aprobado 32 leyes, algunas doblemente inconstitucionales como la Ley de Educación o la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias.

La primera confirma el monopolio de la lengua catalana en la enseñanza, en contra de lo dispuesto en la Constitución. Y la segunda crea un órgano de control que merma competencias al Tribunal Constitucional, que es quien tiene el monopolio para toda España de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes.

Pero el Ministro de Justicia no se da por enterado, porque ha señalado en sus declaraciones que “se ha vivido y seguimos viviendo con absoluta normalidad y es paradójico que un Estatuto, que según muchos es inconstitucional y que iba a acabar con toda la estructura de nuestro país, se aplica desde hace dos años y medio y no pasa nada”. O sea, que le parece normal que no se pueda estudiar en castellano en Cataluña y que haya un nuevo órgano no previsto en la Constitución para vigilar la legalidad de las leyes catalanas.

Es más, tampoco se da por enterado de la serie ininterrumpida de amenazas y chantajes que vienen profiriendo los políticos catalanes en el caso de que al Tribunal Constitucional se le ocurra cambiar una coma del Estatut. Una de las últimas de estas amenazas la acaba de hacer Artur Mas en la agencia Efe proponiendo una reunión de líderes catalanes de todos los partidos (?) para reaccionar en caso de un sentencia desfavorable para ellos, reunión que encubren con pseudointereses patrióticos.

De este modo, afirma que “Cataluña no está dispuesta (sic) a que un Tribunal Constitucional dividido, y muchas veces mediatizado por parte del PP y del PSOE, acabe anulando en parte o del todo la voluntad libremente expresada por el pueblo catalán”. Y para ello prevé medidas en el Parlament, “con independencia de que en la calle se convoquen manifestaciones y actos de protesta”.

Carod-Rovira, siempre a la vanguardia del progreso, acaba de proponer incluso una manifestación previa a la publicación de la sentencia. Como se ve, todo muy democrático y acorde con el Estado de Derecho, ignorando que la Constitución, aprobada mayoritariamente también en Cataluña, tiene un rango superior al Estatut, por lo que éste no la puede contrariar, y para eso precisamente se creó el Tribunal Constitucional.

Por eso, cuando el ministro Caamaño dice que España es prácticamente un Estado federal desconoce que en este tipo de Estado nadie pone en entredicho la autoridad que poseen, en materias de descentralización del Poder, las decisiones del Tribunal Supremo, como ocurre en Estados Unidos, donde una decisión como la que quieren tomar Mas y sus aliados podría ser considerada como algo semejante al delito de obstrucción a la Justicia o deslealtad a la Constitución.

Por eso, y por un argumento que ahora expondré, el Estado autonómico español no puede definirse como federal, sino más bien como un Estado de rasgos federales. Además el federal, a diferencia del español, tiene una estructura estable, no permanente como ocurre aquí.

Cierto que, por un lado, se pueden cambiar las competencias de los Estados miembros, pero sin afectar al modelo que establece la Constitución. Aquí, en cambio, el propio ministro de Justicia ha dicho que de la sentencia del Tribunal depende el futuro del Estado de las Autonomías, con lo que viene a otorgar el poder constituyente al Tribunal Constitucional, que no está para eso, pues en tal supuesto significaría una reforma encubierta de la Constitución, algo que compete a las Cortes Generales y, en su caso, al pueblo español.

Dice igualmente que la tardanza de tres años es normal en el Tribunal, puesto que hay leyes recurridas que llevan esperando una sentencia desde hace seis o siete años, aunque sí afirma también que esta sentencia, como se reconoce de manera unánime, es la más importante de la historia del Tribunal, porque de ella depende la normalidad de la vida estatal. No es admisible entonces que los magistrados lleven deshojando la margarita tres años, máxime cuando, según dijo el presidente Zapatero, después de su paso por las Cortes el Estatut había quedado limpio como una patena.

Sostiene igualmente Caamaño que las tensiones entre el centro y la periferia que conocemos aquí son propias de todo Estado federal, pero eso no es más que una parte de la verdad. El Estado federal se inventó para lograr un equilibrio entre las tendencias centrípetas y las centrífugas, es decir, para evitar tanto los abusos del Poder central como las tendencias separatistas de los Estados miembros. Cuando algunos de dichos Estados rompieron ese equilibrio se desencadenó una cruenta guerra civil en Estados Unidos, por ejemplo. Pues bien, si se deja el Estatut como está, o con algunos retoques de menor importancia, se habrá roto el equilibrio federal en favor de una de las Comunidades Autónomas.

Es realmente sintomático, a estos efectos, que la entrada en vigor del Estatut comporte la modificación de 30 leyes estatales, con lo que se están recortando así los poderes de las Cortes Generales, cuyas leyes se deben adaptar al Estatut, y no, como sería lo lógico, al revés. Por eso resulta de una insoportable desfachatez que el ministro diga que hay seis Estatutos, aprobados tras el de Cataluña, que son “exactamente iguales”. ¿Realmente lo cree? Suponiendo que fuese así -lo que no es verdad-, sería igual (o parecido) que mantener que no existen diferencias en que la bomba atómica la tenga Costa Rica, Andorra, China o Corea del Norte.

Del mismo tenor es su afirmación de que si hay algún partido que no esté de acuerdo con la sentencia del Tribunal puede llevar un proyecto de reforma a las Cortes de los artículos con los que no esté de acuerdo. O nos toma el pelo o es un exquisito detalle de humor. El ministro no se ha dado cuenta, en definitiva, de que hay palabras que son como el viento, pues atizan los grandes malentendidos y sólo extinguen los pequeños.

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