Como consecuencia de esta transformación, se ha procedido también a la creación del juzgado de primera instancia n.º 8 de Burgos.
El coste anual de estas 15 unidades judiciales dentro de la programación del año 2009 asciende a 2.548.961,52 euros.
Los juzgados mercantiles de nueva creación son los siguientes:
- Número 2 de Málaga
- Número 1 de Burgos
- Número 2 de Sevilla
- Número 2 de Zaragoza
- Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria
- Número 3 de Alicante (con sede en Elche)
- Número 3 de Valencia
- Número 2 de A Coruña
- Número 3 de Pontevedra (con sede en Vigo)
- Números 10, 11 y 12 de Madrid
- Número 2 de Murcia
- Número 1 de Valladolid
- Número 1 de Badajoz
Los juzgados de lo mercantil n.º 2 de Málaga, n.º 2 de Sevilla, n.º 2 de Zaragoza, n.º 2 de Las Palmas de Gran Canaria, n.º 1 de Valladolid, n.º 3 de Valencia, n.º 2 de A Coruña, no 10 de Madrid y n.º 2 de Murcia entrarán en funcionamiento el 1 de abril de 2009. Por su parte, los juzgados de lo mercantil n.º 11 y 12 de Madrid y el de primera instancia de Burgos lo harán el 1 de julio. El resto se pondrá en marcha en la fecha que fije el titular de Justicia.
Con ellos se da respuesta al significativo incremento de la carga de trabajo que afrontan estas unidades judiciales, derivada de las dificultades en que estos momentos atraviesa la economía, a la vez que se avanza en el desarrollo de la planta judicial en razón del volumen de litigiosidad de los órganos judiciales en funcionamiento.
Actualmente en España hay 40 Juzgados mercantiles. Con esta iniciativa del Gobierno pasarán a ser 55 Juzgados, lo cual representa un incremento del 37.5%. Con ello se da respuesta al significativo incremento de la carga de trabajo que afrontan estas unidades judiciales, derivada de las dificultades en que estos momentos atraviesa la economía, a la vez que se avanza en el desarrollo de la planta judicial en razón del volumen de litigiosidad de los órganos judiciales en funcionamiento.
La selección de las localidades donde se ubicarán las nuevas unidades judiciales se ha realizado mediante el análisis de los datos de cargas de trabajo, en relación con las cifras de entrada de asuntos, aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial para este tipo de juzgados.
