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Ossorio y Gallardo, ejemplo del Derecho de Defensa para todos; por Luis Martí Mingarro, Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados

04/02/2009
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El día 3 de febrero de 2009, se publicó, en el diario ABC, un artículo de Luis Martí Mingarro en el cual el autor opina sobre una sentencia de la Audiencia Nacional en la que se debate el derecho de la familia de don Ángel Ossorio y Gallardo a la restitución de los papeles particulares de su brillante y patriota antecesor. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

OSSORIO Y GALLARDO, EJEMPLO DEL DERECHO DE DEFENSA PARA TODOS

Nos llega una sentencia de la Audiencia Nacional en la que se debate el derecho de la familia de don Ángel Ossorio y Gallardo a la restitución de los papeles particulares de su brillante y patriota antecesor. Algo que, de paso, beneficiará a tantos otros en pie de igualdad.

Los tristes, ácidos y crueles avatares de la guerra civil llevaron a Ossorio por América donde hubo de beber el cáliz amargo del exilio. Y allí es recordado como nunca nosotros debíamos dejar de hacerlo.

Y es que la figura de Ossorio no es sólo parte de nuestra memoria histórica. Toda la abogacía de Iberoamérica venera su recuerdo, como modelo y maestro de abogados y como ejemplo de servidor público coherente y generoso. La ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, materializó esa devoción, y hoy su Colegio de Abogados hermanado con el de Madrid acoge su biblioteca dándonos un ejemplo de cuánto pasado compartimos y de cuánto nos ha de ser común en el futuro.

Hay que agradecer que ABC, con una brisa suave y cuidadosa, nos haya traído su recuerdo aunque sea al hilo de un concreto episodio, al rememorar que, con ocasión del golpe de Estado revolucionario de octubre de 1934, Ángel Ossorio fue el abogado que designó don Manuel Azaña, a la sazón ya ex presidente del gobierno, aunque luego alcanzara la más alta magistratura del Estado, y que aparecía imputado en la causa criminal incoada con motivo de aquellos gravísimos momentos.

La cita de aquel suceso ha traído a mi memoria la posición tomada desde siempre por don Ángel Ossorio y Gallardo en relación con el Derecho de Defensa. Derecho de defensa para todos. Lo cierto es que apenas un año después de proclamarse la república una sublevación que había encabezado el general Sanjurjo y que fue hábil y eficazmente abortada por el gobierno Azaña, dio con el general golpista y sus cómplices en la cárcel, en virtud de un procedimiento en el que se les imputaba la gravísima rebeldía contra la Constitución y el orden, y se solicitaba para ellos la pena de muerte que la sentencia sumarísima efectivamente acordó.

Ángel Ossorio, fue uno de los tantos prohombres que habiéndolo dado todo en servicio de España a los gobiernos de la Monarquía, bascularon hacía el relevo institucional y contribuyeron decididamente a la llegada de la república. Ossorio y el Colegio de Abogados de Madrid lideraron el apoyo al indulto del general Sanjurjo. Con ello se constituía en ejemplo vivo de lo que es de verdad el derecho de defensa para todos. No hay situación que un estado social y democrático de derecho resista, en tanto construcción jurídica e institucional, si no impera el derecho de defensa como clave de todo el arco del sistema de impartir justicia. Y aunque al general Sanjurjo lo había defendido con gran calidad otro ex decano, Bergamín, aquellos juicios sumarísimos, con pena de muerte en juego, no merecían llamarse justicia. Durante su decanato el propio Ossorio luchó pública y denodadamente contra la Ley de Defensa de la República, una ley de excepción que ya en pleno nacimiento de la república tomó una vigencia que, más o menos, hemos tenido que soportar los españoles durante muchos años.

En la lacerante actualidad de los lejanos días de agosto de 1932, Ossorio dio una lección pública y generosa demostrando como, desde posturas ideológicas bien alejadas, se puede asumir con gallardía, con suficiencia y con eficiencia la defensa de quien, sin ser correligionario, necesita ser defendido. De aquella, Sanjurjo, a quien se conmutó la pena de muerte, salvó la vida, que luego perdió en los inicios de otro golpe, el de 1936. La página, de alguna manera, se reproduciría con motivo de los sucesos de octubre de 1934, y Ossorio, esta vez sí desde la correlación política -él siempre católico y convencido republicano institucional- asumió ante toda la sociedad la defensa de Azaña en un proceso que, al menos para el ex presidente del gobierno republicano no tuvo ninguna consecuencia.

En alguna ocasión he dicho que el decano Ossorio sólo con titular el libro el Alma de la Toga tal como lo hizo dio alas para esa fe tan imprescindible con la que hemos de ejercer nuestra tarea.

Los abogados no debemos perder de vista nunca esta condición esencial del derecho de todos los ciudadanos a una defensa libre para configurarse y expresarse, e independiente de todo poder fáctico o jurídico que es la sustancia del derecho a un proceso con todas las garantías.

Ossorio así lo predicó siempre y él, que mereció durante muchos años la confianza de sus compañeros que lo eligieron decano del Colegio de Abogados de Madrid, dio testimonio vivo de esa posición. Don Ángel había sido un hombre público muy participativo y desempeñó funciones muy relevantes. Nunca dejó entrar a nada ni a nadie en el ámbito personal ni profesional donde hizo imperar, además de su personal catolicidad, los dos grandes valores específicos que la abogacía debe cultivar siempre: libertad e independencia.

En aquellos tiempos revueltos que acabaron en la tragedia de la guerra civil siguió fiel a sus principios. En momentos en los que ya nada de eso importaba a mucha gente él siguió su trayectoria.

No se puede olvidar que Ossorio, siempre coherente demócrata, en vista de que también había llegado al Colegio de Abogado la alborotada marea de la división y la politización, se sometió a una moción de censura; y aunque la ganó, por muy pocos votos, luego dimitió haciendo bueno su deseo de “no presidir a unos contra otros”.

Ossorio fue, desde luego, otra de las víctimas de la crueldad de las guerras civiles, donde las querellas políticas prenden de manera sangrienta entre los conciudadanos, que dejan de serlo para convertirse en violentos fratricidas. Allí desaparece el derecho, único cañamazo sobre el que es posible bordar la difícil e imperfecta justicia de los hombres. Al amparo de la ley, igual para todos, es posible la paz pública que sólo fructifica cuando está protegida por un reconocido y efectivo derecho de defensa para todos como quería don Ángel. Recordarlo es dar valor de futuro a la memoria histórica. O sea, aprender de la historia y no repetirla.

Puede que la Audiencia Nacional, en la sentencia que desencadena estas líneas, haya recordado la imagen señera de don Ángel Ossorio; lo que, nada menos, ha dado lugar a que el Gobierno de la Nación rectifique la reglamentación de manera inmediata para que un derecho -el reconocido en la Ley 21/2005- sea de verdad igual para todos. El retrato de Ossorio en la galería de decanos es muy original: está con toga, pero no resguardado en el despacho; su figura aparece en la galería de pasos perdidos del Supremo, asomado a un ventanal y, como todos los abogados, parece esperar la llamada a entrar en Sala.

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