UNA PROPUESTA MÁS QUE RAZONABLE
En opinión de Javier Pérez Royo la propuesta de identificar las nacionalidades que se mencionan en el artículo 2 de la Constitución en la futura reforma de la misma, es una propuesta razonable pues entiende que si en el proceso constituyente no se pudo identificar a las nacionalidades, hoy, a más de 25 años de la entrada en vigor de la Constitución no debería haber ningún obstáculo para que tal identificación se produjera.
La inclusión del término nacionalidades en la Constitución tuvo en el momento constituyente un doble sentido: alcanzar un compromiso entre dos interpretaciones de la historia de España y dar base constitucional a una posible quiebra de la igualdad del derecho a la autonomía.
El primer motivo, opina el catedrático, no era ningún obstáculo para que se hubieran podido identificar las nacionalidades en el texto constitucional. Pero el segundo sí los era pues entiende que la identificación de las nacionalidades en la Constitución hubiera convertido la posible quiebra de la igualdad en el ejercicio del derecho de autonomía en una imposición constitucional, y esto hubiera imposibilitado alcanzar el consenso indispensable para aprobar la Constitución.
Por eso, continua el autor, en la Constitución hay una presunción de ejercicio desigual del derecho a la autonomía a través de la disposición transitoria segunda. De esta manera indirecta el constituyente identificaba a las nacionalidades, separándolas de las regiones, pero no impedía que las segundas pudieran acabar accediendo a la autonomía por la misma vía que las primeras y que, por lo tanto, el derecho a la autonomía se acabara ejerciendo en condiciones de igualdad.
Entiende Javier Pérez Royo que efectivamente esto es lo que ha ocurrido. La igualdad ha sido el motor de la construcción del Estado Autonómico. La estructura del Estado podía haber sido definida con base en el ejercicio del derecho a la autonomía de manera desigual, pero ha acabado siendo definida con base en un ejercicio de tal derecho en condiciones de igualdad.
Quiere decirse, pues, que no hay en opinión del catedrático en este momento nada que nos pueda hacer pensar que identificar las nacionalidades en el texto constitucional pueda traducirse en una alteración de la estructura del Estado.
Lo que en el momento constituyente hubiera supuesto la imposición del ejercicio desigual del derecho a la autonomía, no lo supone hoy. Cree el autor que ahora se puede hacer lo que no se pudo hacer en 1977-1978. La estructura del Estado realmente existente de la que disponemos en este momento lo permite.
Así, concluye Javier Pérez Royo su artículo afirmando que la propuesta del presidente de la Generalitat de Catalunya, la cual coincide con la del presidente del Consejo de Estado, es más que razonable.
