EL CONSENSO Y LA PARTITURA
Afirma el autor en este artículo que la comunicación política asegura la adecuación entre los gobernantes y gobernados por un cambio permanente de información, a la vez que asegura o, al menos, promueve la legitimación de la autoridad de los primeros sobre los segundos.
Por esta razón, entiende que la comunicación política es deseable y útil. Pero no sólo en su sentido coercitivo -de transmisión de mandatos-, sino también, y sobre todo, en su vertiente persuasiva, de búsqueda de una aceptación de dichos mandatos que emanan del sistema político.
En esta vertiente, el papel de los gobernantes se incardina en la propuesta de nuevos valores, de nuevos símbolos, de nuevos estilos de vida. Esto se da, fundamentalmente, en los tiempos de cambio político, en los que la comunicación, a través de los medios institucionales y personales, juega un papel decisivo, siendo difícil separar la información de la propaganda.
Considera por tanto que la comunicación -en sus dimensiones cualitativa y cuantitativa- es algo necesario para la necesaria estabilidad social, máxime en nuestros tiempos, en los que hemos pasado de un estado liberal a uno fuertemente intervencionista y en el que las decisiones políticas tienen un fuerte, y casi universal, impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos.
En esas decisiones políticas, entiende Juan Antonio Sagardoy Bengoechea que deberían tener un papel preponderante los valores éticos que una sociedad precisa. Pero, dice el autor que el desarrollo de los medios de comunicación ha contribuido poderosamente a la desvalorización de los valores, hasta convertirlos en valores ómnibus, es decir, de escasa entidad.
Pues bien, en esta línea afirma el autor que los gobiernos tienden a convertir en regla primigenia de gobierno la búsqueda del consenso, el aplauso mediático y la adhesión popular.
En España tenemos, en los momentos actuales, temas de gran calado que nos afectan -y sobre todo nos van a afectar en el futuro- de un modo trascendente para nuestra vida tanto en el terreno laboral, como, sobre todo, en el puramente político, de configuración del Estado a través del diseño constitucional.
En el primer aspecto, el catedrático afirma que la concertación social a través de los Acuerdos Marco y de la propia negociación colectiva es consustancial a unos parámetros, no sólo democráticos, sino, sobre todo, de eficacia de la norma.
Considera que el Gobierno debe gobernar en función de los intereses generales, y si esos intereses no se corresponden con el deseo de los ciudadanos, éstos se lo dirán en la próxima convocatoria electoral.
Algunas reformas del Estatuto de los Trabajadores, especialmente la llevada a cabo en 1994, por el Gobierno socialista, fue un ejemplo de lo que era necesario hacer, aunque el hacerlo supusiera un importante desgaste para el Gobierno. Y lo que plantea actualmente el Gobierno alemán, encabezado por Schröeder, es otro ejemplo de evidente calado. Francia, por el contrario, sigue siendo muy renuente a emprender reformas estructurales en el campo socio-laboral.
Y en cuanto a los temas trascendentales de la configuración del Estado, opina que ahí, más que en ninguna otra materia, es absolutamente preciso que el Gobierno tenga una partitura, un proyecto, una idea precisa. Que luego se cambie, se retoque o se enriquezca es deseable, pero que antes haya un proyecto a discutir parece imprescindible, en una labor responsable de Gobierno que todos deseamos.
