El juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, decretó el pasado lunes la puesta en libertad provisional de los presuntos etarras Ibai Ayensa Laborda y Mikel Soto Nolasco, al haber transcurrido dos años desde su detención y no haber sido decretada la prórroga de la prisión.
Ni el juez ni el fiscal se percataron de que, por un cambio en la legislación, habían transcurrido los dos años de prisión desde su detención, sin que se hubiese solicitado y acordado la prórroga de esta situación preventiva.
El problema viene por el cambio introducido por la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, que establece que la prisión provisional debe empezar a contar desde el día de la detención, no desde el día del ingreso en prisión.
