DESIGUALDADES ECONÓMICAS Y DERECHO PENAL
Cuanto más sabemos del comportamiento humano, más primitivas e injustificadas parecen nuestras instituciones políticas y económicas. Desde la Economía se nos dice que con la desigualdad estimulamos la ambición individual y, de ese modo, el crecimiento económico. Desde el Derecho Penal, con el endurecimiento de las penas, se disminuye el delito. En ambos casos el supuesto de partida es el mismo, los seres humanos sólo nos movemos por premios y castigos.
Tales ideas sirven de justificación a nuestros modos de organizar la vida colectiva, aceptando vivir dentro de una economía con profundas desigualdades y con un Derecho preocupado por abordar los problemas y las patologías sociales aumentando los castigos.
Estos hechos son el producto de una visión marcada por absurdos presupuestos acerca de nuestros intereses y motivaciones. Dicha visión se basa en la idea de que actuamos de modo egoísta. Porque quienes diseñan las políticas de seguridad, asumen que actuamos de ese modo. La justificación doctrinal última apela al supuesto cálculo egoísta por parte de los delincuentes.
En Economía, ese modo de ver las cosas es más transparente. Pocos economistas tienen la misma opinión sobre la desigualdad. La codicia de acceder a más y mejores bienes, junto el miedo a perder los que ya tenemos, se nos dice, representan el motor motivacional básico del crecimiento económico. Así, el Estado actúa cultivando la codicia y miedo económicos porque contribuye indirectamente al bienestar general. El único modo de que las cosas funcionen es que los ciudadanos tengan conciencia de que carecen de protecciones sociales y transmitirles una sensación de fragilidad e incertidumbre en sus decisiones vitales, fundamentalmente en las laborales.
Buena parte de las más importantes movilizaciones políticas (frente a la guerra), o de las acciones solidarias (limpieza de las costas en el caso Prestige) no responden a ninguna defensa de intereses personales. Las investigaciones de la psicología económica que muestran los seres humanos, están lejos de ser egoístas sin más. Tales investigaciones certifican que consideramos que hay unos niveles de bienestar mínimos que estamos dispuestos a asegurar a los demás, simplemente porque consideramos que es justo que así sea. Esto confirma la resistencia a actuar pensando exclusivamente en los costos y beneficios.
La experiencia y la vida muestran, por lo menos, que los humanos tenemos sentimientos que se imponen a las motivaciones egoístas, sentimientos de dignidad y de justicia, incluso cuando las acciones que de ellos se siguen no nos reportan beneficio o incluso nos resultan costosas. Además tenemos una fuerte disposición a comportarnos según principios de reciprocidad. En suma, que nuestras disposiciones motivacionales son mucho más complejas que las que sirven de justificación a nuestros diseños institucionales. Sin dudad, no somos altruistas incondicionales pero tampoco somos egoístas que nos limitamos a pensar solo en nuestros intereses.
Para el Derecho Penal éstos resultados ayudarían a entender bastante los fallos de nuestras intervenciones sociales. Muestra de ello es el fracaso sistemático de las políticas basadas en el ciego aumento de la represión penal. Los delincuentes no se sienten disuadidos por las medidas represivas porque son otras las cosas que entran en juego cuando actúan contra el Derecho. De esta forma, mientras que el maltrato y la exclusión sea lo predominante, no va haber aumento de penas que frene las reacciones violentas de los delincuentes contra la comunidad.
La mayor parte de las intervenciones económicas asumen el egoísmo y lo alientan, pero socavan otros rasgos de nuestra personalidad; como la confianza, el respeto o el compromiso con la palabra. Sin éstos, ningún sistema económico, incluida la sociedad de mercado, puede funcionar. Las reglas económicas están pensadas para incentivar la creación de riqueza y no para mejorar la articulación social.
No se trata de eliminar sin más el actual diseño institucional, pero sí de que se adopte una visión más acorde con lo que sabemos acerca de cómo nos comportamos y de que las reglas e instituciones, además de reprochar los crímenes, sean sensibles a la virtud, reconociendo su valor y promoviéndola.
