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  • EDICIÓN DE 10/12/2003
 
 

LA UNIÓN EUROPEA MANTIENE LAS TRABAS A LA MOVILIDAD SANITARIA DE LOS CIUDADANOS

10/12/2003
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Tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que defendían el derecho de pacientes en lista de espera a tratarse en otros países miembros, un grupo de alto nivel formado por los quince Ministros de Sanidad y por tres comisarios europeos ha efectuado una declaración de buenas intenciones, aprobada por consenso, pero sin alcanzar acuerdos sobre la legislación necesaria ni los plazos concretos para poner en marcha el proyecto.

Facilitar la libre circulación de pacientes en la Unión Europea para reducir las listas de espera y permitir el acceso a los mejores hospitales de cada especialidad se ha convertido en una tarea mucho más complicada de lo previsto.

A pesar de los escasos avances registrados, la Ministra de Sanidad, Ana Pastor, valoró positivamente el texto remitido a la Comisión. Afirmó que es un documento importante porque por primera vez contempla que la asistencia sanitaria y la movilidad de los ciudadanos de la Unión Europea es un derecho y tiene que ser reconocido y desarrollarse en el ámbito de la legislación secundaria.

Así, Ana Pastor valoró particularmente el reconocimiento de que la movilidad de los profesionales sea de una manera mucho más automática que actualmente, el que los estados miembros compartan sistemas de información o que la tarjeta sanitaria pueda, en un futuro, incluir el historial clínico del titular.

Las conclusiones sobre movilidad de pacientes quedan lejos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, que viene reconociendo desde 1998 el derecho de los ciudadanos a recibir todo tipo de prestaciones sanitarias en cualquier país de la Unión Europea y a que se les reembolse su coste.

Además, el documento de los Ministros de Sanidad aprobado no hace ninguna referencia a las listas de espera, a pesar de que el grupo se constituyó precisamente para intentar dar una respuesta legislativa a estas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Tampoco hay ninguna propuesta concreta sobre cómo financiar los gastos ocasionados por los pacientes transfronterizos, aunque se rechaza la petición española de crear un “fondo de compensación” que pague las diferencias de las prestaciones de los diferentes países.

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