En dicho escrito denuncia que no se deja intervenir a los abogados en la fase de instrucción que corresponde a la Fiscalía, que muchas veces los menores son encerrados en calabozos cuando la legislación establece que deben estar en dependencias adecuadas y que no se les pone la asistencia psicológica prevista en la Ley del Menor.
El decano del Colegio, Fernando Alandete, impulsor de la denuncia ante el Defensor del Pueblo, hizo un llamamiento a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias y pongan fin a estas vulneraciones.
