Esta es una de las posibilidades que estudia el Gobierno para hacer frente al Plan y consiste en recuperar la figura del recurso previo de inconstitucionalidad en las tramitación de las reformas de los estatutos de autonomía.
Así, si se produce la reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional la presentación del recurso llevaría aparejada la suspensión del texto recurrido.
La propuesta sería la de establecer un “filtro” en el Tribunal Constitucional entre la aprobación del texto en el Parlamento autonómico y su remisión a las Cortes.
En este sentido, el parlamentario del Partido Nacionalista Vasco y ex miembro del Consejo General del Poder Judicial, Emilio Olabarria, consideró ayer antidemocrático que el Gobierno pretenda reformar la Ley del Tribunal Constitucional con el fin de evitar la aprobación del proyecto de nuevo Estatuto del Ejecutivo vasco.
Emilio Olabarria denunció que la figura del recurso previo de inconstitucionalidad ya existió antaño y recordó que se excluyó con la modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que se aprobó por unanimidad, no habiendo ningún grupo parlamentario, ni en el Congreso ni el en Senado, que discrepara sobre la pertinencia de excluir el recurso previo de inconstitucionalidad.
