La finalidad de la reunión era preparar la Conferencia General en la que participarán más de doscientos magistrados de diferentes naciones europeas.
Los Tribunales Constitucionales de las nuevas repúblicas del este de Europa defendieron, como tema a considerar, el régimen que los tribunales establecen para los derechos fundamentales: su reconocimiento, sus limitaciones y la forma de hacerlos efectivos.
La representación italiana, con el apoyo de España y Francia, consideró que debería tratarse en profundidad la dignidad de la persona, como derecho fundamental y como criterio para el enjuiciamiento de los casos en los que estén en juego derechos fundamentales.
Las sesiones de trabajo estuvieron presididas por el presidente del Tribunal Constitucional de Chipre, Georghios M. Pikis, y entre los asistentes se encontraban juristas de especial renombre como Simone Veil, en representación de Francia, y Gustavo Zagrebelsky, de Italia.
La preocupación predominante ha sido conseguir una armonía entre las distintas jurisprudencias y se ha constatado que la reciente incorporación de varias repúblicas plantea problemas de entendimiento.
En la reunión fue decidida la incorporación de los Tribunales Constitucionales de Noruega, Estonia e Irlanda y quedó aplazado el pronunciamiento definitivo sobre la petición de Israel, así como al relativo al Tribunal Constitucional de Bielorrusia.