Esta iniciativa está prevista en la reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que actualmente se tramita en el Senado, y responde a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Dicha recomendación consideró que en España no existía una segunda instancia penal real. Según Naciones Unidas, los recursos de casación presentados el Tribunal Supremo tienen un carácter extraordinario, por lo que estimó necesaria una instancia intermedia de carácter ordinario.
Con esta reforma se pretende que no sólo sea el Tribunal Supremo el que revise los recursos presentados contra sentencias dictadas por la Sala Penal de la Audiencia Nacional.
La nueva Sala estará formada por tres jueces con un mínimo de ocho años de experiencia como magistrados, mientras que el presidente de la misma será elegido por el Consejo General del Poder Judicial.
La Sala de Apelación será una segunda instancia de grado medio y de carácter ordinario que permitirá que los recursos sean más abiertos. Con ello se ampliarán las condiciones para recurrir una sentencia de la Audiencia Nacional, ya que el Tribunal Supremo, al estudiar un recurso de casación, no puede revisar los hechos probados de una sentencia.
