El texto, que es el resultado del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Coalición Canaria, será remitido al Senado para su aprobación definitiva.
El Ministro del Interior, Ángel Acebes, destacó tras la votación que más del 95 por ciento de los Diputados han dado su apoyo al proyecto del Gobierno. En este sentido, subrayó que la reforma se asienta sobre dos pilares esenciales: facilitar la inmigración legal y mantener firmeza y contundencia contra la inmigración irregular.
Tanto la portavoz del Partido Socialista, Consuelo Rumí, como la del Partido Popular, Ángeles Múñoz, manifestaron su satisfacción por el consenso alcanzado. Es la primera vez que una reforma de la Ley de Extranjería elaborada por el Partido Popular -esta es la tercera-, cuenta con el apoyo de los socialistas.
En cualquier caso, Consuelo Rumí subrayó que se trata de un acuerdo que se circunscribe exclusivamente a la reforma porque los socialistas mantienen su recurso ante el Tribunal Constitucional sobre varios artículos a la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Por su parte, Carles Campuzano, de Convergencia i Unió, valoró positivamente el acuerdo alcanzado entre los grupos mayoritarios de la Cámara. Sin embargo, su Grupo se abstuvo por entender que la reforma no otorga las necesarias competencias a las Comunidades Autónomas.
El resto de los grupos parlamentarios votaron en contra del texto y advirtieron al Gobierno de que la reforma no da respuesta a la pregunta de qué se puede hacer con los 600.000 extranjeros irregulares que viven y trabajan en España.
El Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social recoge medidas dirigidas a la simplificación de trámites burocráticos dando validez de residencia al visado, elimina la posibilidad de la reagrupación familiar en cadena, así como una serie de medidas de lucha contra la inmigración irregular.
Con las enmiendas introducidas en el trámite parlamentario, el texto incorpora también la posibilidad de otorgar visados de búsqueda de empleo de tres meses de duración, flexibiliza la obtención de permisos en casos de violencia doméstica, regula la cooperación de las comunidades autónomas, crea el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, recoge el catálogo de derechos y deberes de los extranjeros en Centros de Internamiento y sus normas de funcionamiento y penaliza como competencia desleal la contratación de extranjeros irregulares.
