LA ENSEÑANZA PÚBLICA TIENE UN IDEARIO
La laicidad y la idea de dignidad humana enmarcan la meta de la enseñanza pública que se establece en el artículo 27.2 de la Constitución.
Según el autor, éste es el ideario de la enseñanza pública, y también de toda enseñanza privada, aunque ésta última pueda tener además carácter propio o ideario particular.
En opinión de Gregorio Peces-Barba los idearios parciales no ayudan a hacer ciudadanos, sino creyentes, en muchos casos con un germen ideológico contradictorio con los principios educativos generales marcados en la Constitución.
Aparece la necesidad de una enseñanza pública que forme en las ciencias, en las técnicas y en las artes, y prepare para la profesión a los jóvenes en todos los niveles, incluido el universitario. La educación, según el catedrático, debe preparar a los jóvenes para participar y para competir.
Así, según el autor, el ideario constitucional sitúa ese desarrollo “en el principio a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. En este sentido, continua Gregorio Peces-Barba, la enseñanza pública tiene, junto a su misión en la formación de cada persona, una misión complementaria de inserción de la persona en la sociedad y en las instituciones políticas.
Considera que los idearios de los centros privados no tienen esa visión total de la ciudadanía, de bien común y de interés general, sino que más bien favorecen la fragmentación y la mentalidad de sociedad privada.
Para el catedrático, la idea de igualdad tiene difícil encaje en idearios que parten de la pertenencia a un fragmento social que no tiene una visión de totalidad secular, y que no transmite entre sus ideales el de la amistad cívica. Solamente la enseñanza pública prepara a la sociedad para una convivencia democrática.
La enseñanza pública, que es también las autonomías, debe cumplir con su deber de crear el espacio común que hace posible la democracia. Entiende el autor que todos los gobiernos autonómicos con competencia en materia de educación deben cuidar de esa competencia para la formación.
Finaliza Gregorio Peces-Barba diciendo que el Gobierno central debe vigilar, inspeccionar y homologar el sistema educativo para que la enseñanza pública pueda cumplir ese papel fundamental.