Según el informe, en el que se compara la ley española con el resto de legislaciones europeas, las diferencias existentes entre las multas pueden perjudicar la competitividad de las empresas españolas.
El texto elaborado por las Cámaras de Comercio sostiene que la dureza de la legislación española puede incitar a los empresarios a trasladar su centro de negocios a otros Estados europeos que establecen menores sanciones y cuyas legislaciones no son tan estrictas.
Así, las Cámaras de Comercio consideran necesario cambiar el actual sistema de financiación de la Agencia de Protección de Datos.
En este sentido, consideran que el Gobierno debería aprobar una partida presupuestaria al efecto, siendo, en su opinión, desaconsejable la continuidad del actual sistema de financiación, que se realiza a través de las sanciones que la agencia impone a las empresas, las más altas de Europa.
