El Proyecto de Ley, que garantiza el catálogo de los derechos de los extranjeros en nuestro país, tiene como principales objetivos la simplificación de los trámites administrativos, la lucha contra la inmigración ilegal y la adecuada ordenación de los flujos migratorios.
Este texto se remite al Parlamento una vez recabado el preceptivo informe del Consejo de Estado, que se ha pronunciado favorablemente respecto a la constitucionalidad del mismo, ha valorado positivamente la transposición al Derecho interno de tres Directivas de la Unión Europea y ha destacado el informe favorable de la Agencia de Protección de Datos al nuevo texto.
Básicamente, la nueva norma, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia, pone el acento en la mejora de la gestión de los trámites administrativos, simplificándolos, con el objeto de favorecer a aquellas personas que quieren acceder a nuestro país con la documentación en regla y evitar, paralelamente, la comisión de actos fraudulentos por parte de mafias.
Además, el Proyecto de Ley establece una serie de medidas para luchar contra la inmigración ilegal, fundamentalmente unificando criterios para las repatriaciones, marcando un conjunto de obligaciones a los transportistas sobre información del pasaje y mejorando el control fronterizo en el ámbito europeo a través del reconocimiento mutuo de resoluciones de expulsión.
El texto incorpora la jurisprudencia del Tribunal Supremo, adapta las Directivas europeas en materia de inmigración desde la Cumbre Europea de Sevilla y elimina cualquier resquicio que posibilite las denominadas “reagrupaciones fraudulentas en cadena”.
En el campo de la simplificación administrativa, el Proyecto de Ley suprime trámites innecesarios y otorga al visado un valor adicional al habilitar a su titular a permanecer en España en la situación para la que ha sido expedido, es decir, como permiso de trabajo y/o de residencia.
Dentro de este contexto, la norma exige que determinadas gestiones las tramite de forma individual el propio interesado y así evitar que terceras personas se lucren a costa de éste.
Respecto a las medidas contra la inmigración ilegal, el nuevo texto unifica los criterios de repatriación de tal manera que se elimina el tratamiento diferenciado que se daba al inmigrante que entraba ilegalmente por un paso fronterizo del que lo hacía por las costas españolas.
Además, se extienden las conductas tipificadas como infracciones graves a todas las personas que, con ánimo de lucro, induzcan, favorezcan, promuevan o faciliten la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino a España, o su permanencia en nuestro país.
Otra de las novedades importantes en esta materia se refiere a la obligación de las compañías de transporte de informar a las autoridades españolas de las personas que vayan a viajar a España antes de su partida desde su país de origen.
En la actualización de la Ley de Extranjería se clarifican los requisitos de reagrupación asegurando el núcleo familiar básico sobre ascendientes y descendientes.
El texto normativo, además, modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local con el objetivo de incorporar los documentos acreditativos de identidad de los extranjeros que deben constar en su inscripción padronal.
Finalmente, en relación a los centros de Internamiento, se incluye en el Proyecto de Ley Orgánica un nuevo apartado dedicado a regular su régimen interno, garantizando el derecho de comunicación de los ciudadanos extranjeros allí internados.
