El pasado 28 de abril, el Ministro de Justicia acusó a Mariano Fernández Bermejo de haberse declarado en rebeldía en la aplicación de la ley de juicios rápidos. Ahora, el fiscal jefe de Madrid reclama 60.000 euros al Ministro por haber atentado contra su honor.
El Tribunal Supremo se ha declarado competente para investigar esta demanda de protección del derecho al honor, ya que, recuerda, que le corresponde resolver las demandas civiles presentadas, entre otros, contra miembros del Gobierno y diputados por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos.
Por ello, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha acordado admitirla a trámite, visto el informe del Ministerio Fiscal en este sentido y dar traslado al Ministro de Justicia, junto con la documentación recibida, para que la conteste en el plazo de veinte días.
Los abogados de Mariano Fernández Bermejo mantienen que José María Michavila atacó a su defendido de forma injustificada sin apoyarse en ningún dato objetivo, insinuando que el fiscal jefe de Madrid había saboteado los juicios rápidos y que era reacio a trabajar.
