LOS SILENCIOS DE LA FUTURA LEY DEL RUIDO
España es, según datos de la OCDE, una de las naciones más ruidosa, afectando este problema a un 23 por ciento de la población, cifra que comprende a unos nueve millones de ciudadanos.
Sensible a este fenómeno el Parlamento y el Consejo europeos adoptaron el pasado año la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, a resultas de las conclusiones propuestas en el Libro Verde sobre Política Futura de Lucha contra el Ruido, por el que se sugiere armonizar los límites de contaminación acústica en la Unión Europea e instaurar controles oportunos sobre sus diferentes fuentes generadoras.
Finalmente, España ha procedido a su debida trasposición a través de un proyecto confeccionado a instancias del Gobierno.
En el articulado de este Proyecto de Ley se descubre un buen número de mandatos advertidos en la propia Directiva y una remisión a los valores constitucionales vinculados a este factor, previstos en los artículos 18.1, 43 y 45 de la Constitución.
No obstante, considera el autor, en el texto propuesto se excluye expresamente de su aplicación a aquellos ruidos originados por las relaciones de vecindad amparadas en los usos sociales, relaciones que representan, hoy por hoy, uno de los focos más habituales de este inconveniente en España, desde los pequeños pueblos a las grandes ciudades, y en particular los fines de semana.
Así, entiende Javier Junceda Moreno que en la norma hay un explícito silencio sobre los ruidos derivados de la movida y considera necesario que en la futura Ley del Ruido se regulen aquellos niveles sonoros del todo incompatibles con la vida ciudadana.
Por tanto, Javier Junceda, opina que en el Proyecto es necesario incluir formalmente a cualquier género de contaminación acústica, y máxime a los ruidos derivados del ocio diurno o nocturno.
