El informe trata un conjunto de medidas, articuladas dentro de una nueva Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros que moderniza y actualiza la anterior, tendente a favorecer la inmigración legal y erradicar aquella que utiliza procedimientos fraudulentos para entrar en España. La Ley garantiza, en todo caso, el catálogo de los derechos de los extranjeros en España.
Básicamente, la nueva norma, que ha sido remitida para su dictamen preceptivo al Consejo de Estado, mejora la gestión de los trámites administrativos, simplificándolos, con el objeto de favorecer a aquellas personas que quieren acceder a España con la documentación en regla y evitar, paralelamente, la comisión de actos fraudulentos por parte de mafias.
Además, el Anteproyecto de Ley establece una serie de medidas para luchar contra la inmigración ilegal, fundamentalmente unificando criterios para las repatriaciones, marcando un conjunto de obligaciones a los transportistas sobre información del pasaje y mejorando el control fronterizo en el ámbito europeo a través del reconocimiento mutuo de resoluciones de expulsión.
El texto incorpora la jurisprudencia del Tribunal Supremo, adapta las directivas europeas en materia de inmigración desde la Cumbre Europea de Sevilla y elimina cualquier resquicio que posibilite las denominadas “reagrupaciones fraudulentas en cadena”.
El texto normativo, además, modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local con el objetivo de incorporar los documentos acreditativos de identidad de los extranjeros que deben constar en su inscripción padronal.
Asimismo, en relación a los Centros de Internamiento, se incluye en el Anteproyecto de Ley Orgánica un nuevo apartado dedicado a regular su régimen interno, garantizando el derecho de comunicación de los ciudadanos extranjeros allí internados.
