En este sentido, el Instituto de la Mujer, que depende del Ministerio de Trabajo, invertirá 827.491 euros en este programa, mientras que el Ministerio de Justicia dotará a las Oficinas de Atención de Víctimas de violencia doméstica de todos los medios profesionales y materiales para su buen funcionamiento.
El protocolo que han firmado ambos Ministros servirá, además, para fomentar políticas de igualdad en materia jurídica a través de cursos de formación que incidirán en una asistencia jurídica especializada y en una mejora de la atención a las víctimas de malos tratos.
José María Michavila afirmó que el nuevo Código Penal ampliará los supuestos en los que se podrá castigar a los agresores de la violencia doméstica. Asimismo, expresó su deseo de reunirse de manera inmediata con todos los grupos parlamentarios para reformar tres preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar formato externo a la orden de protección.
Igualmente, el Ministro de Justicia señaló que una circular que hizo pública el Consejo General del Poder Judicial el pasado lunes establece que todos los jueces deberán acumular los asuntos referentes a un mismo agresor y una misma víctima, para evitar así que las causas de este tipo se dispersen en diferentes instancias judiciales.
