Así lo ha anunciado en el Vicepresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien explicó que la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación invade las competencias de las Comunidades Autónomas en aspectos como la definición de enseñanzas mínimas o la organización de tramos y niveles educativos.
El Gobierno de Castilla-La Mancha también se opone a que el Ejecutivo central deje para el desarrollo reglamentario de la Ley aspectos básicos que deberían haberse recogido en la norma y que afectan a cuestiones como la escolarización, promoción y titulación de los alumnos.
Según José María Barreda se trata de asuntos que, por ser básicos, deberían estar en la Ley y sin embargo se remiten al Reglamento, dejando en manos del Gobierno cuestiones legislativas que debería aprobar el Parlamento.
