En junio de 2001, se aprobó el Plan nacional de acción para la inclusión social del reino de España (2001-2003), donde se marcan unas directrices básicas atendiendo a las recomendaciones de la Unión Europea y se invita a las Comunidades Autónomas a confeccionar su propio plan territorial.
En base a esto, el Decreto 61/2003 crea la Comisión Rectora del Plan de acción para la inclusión social en Cataluña cuya base es el Plan de acción para la inclusión social de Cataluña (2003-2006).
El Decreto 61/2003 interviene en los ámbitos de interculturalidad, sociedad de la información y nuevas tecnologías, sostenibilidad, mujer y cultura de la paz, así como en los ejes de coordinación, participación, desarrollo comunitario y corresponsabilidad.
La finalidad del Decreto autonómico es coordinar las distintas actuaciones encaminadas a la elaboración, la implantación y el seguimiento del Plan de acción para la inclusión social de Cataluña (2003-2006).
El Decreto 61/2003 crea la Comisión Rectora para la elaboración y ejecución del Plan de acción para la inclusión social de Cataluña como un órgano de participación y coordinación de los sectores públicos y privados implicados en el desarrollo de programas y proyectos para lograr la inclusión social de los sectores menos favorecidos de la sociedad catalana.