El Fondo de Cohesión, que en su momento se creó para cubrir la atención a pacientes desplazados desde otras Comunidades Autónomas, amplía su cobertura para resolver desigualdades que dependan de variables epidemiológicas; de población infantil, mayor e inmigrantes; morbilidad y mortalidad.
De manera que, aunque las Comunidades Autónomas deban afrontar las prestaciones básicas que se aprueben para todo el territorio nacional, no se cierra la puerta a la ayuda financiera adicional cuando sea preciso, apelando al principio de lealtad institucional.
El artículo 7 del nuevo texto establece que las prestaciones son responsabilidad financiera de las Comunidades Autónomas de conformidad con los acuerdos de transferencias y el actual sistema de financiación autonómica, sin perjuicio de la existencia de un tercero obligado al pago.
La inclusión de una nueva prestación se acompañará de una memoria económica que será estudiada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para decidir si procede o no una aportación adicional por parte de Estado.
Asimismo, el Anteproyecto establece que las consideradas prestaciones básicas se definirán en un catálogo común a todas las Comunidades Autónomas. Una vez garantizado este catálogo, cada autonomía tendrá libertad para ofrecer prestaciones complementarias.
