PSOE, IU, CiU, PNV y EA aprovecharon el debate en la Comisión de Justicia e Interior para defender la necesidad de que se consensue otra Ley que ampare a las víctimas de torturas y persecuciones en la Transición que murieron por defender las libertades.
La modificación conlleva una nueva redacción del artículo 4 que dice expresamente que “las condecoraciones en ningún caso podrán ser concedidas a quien en su trayectoria personal y profesional hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución y en la presente ley, y a los derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales”.
Además, se añade un nuevo artículo 4 bis donde se determina la aprobación por el Gobierno, en el plazo de tres meses, de un Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, y se fija un plazo máximo de 12 meses para tramitar las solicitudes, entendiéndose estimativa la ausencia de respuesta transcurrido ese plazo.
