El Ministro de Justicia ha asegurado que creará próximamente un grupo de trabajo para analizar estos extremos y, dependiendo de su resultado podrá establecer si el aumento de la plantilla del Ministerio Público en veinte fiscales es o no suficiente para afrontar la aplicación de los juicios rápidos.
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales considera que hay un profundo desconocimiento de la carga de trabajo actual y las necesidades a las que se verá sometido el Ministerio Fiscal con la entrada en vigor de la Ley de Juicios Rápidos.
Los juicios rápidos, añade, sólo podrán beneficiar a los ciudadanos si se consigue aumentar la actual plantilla del Ministerio Fiscal a través de la adscripción de un fiscal en cada uno de los Juzgados de Instrucción, que, además, esté físicamente en la sede del juzgado.