PROYECTO DE LEY DE LA VIÑA Y DEL VINO
Exposición de motivos
1 El vino y la viña son inseparables de nuestra cultura.
Desde que el hombre deja testimonios gráficos para la historia, aparece en escena con una jarra de vino en la mano: en las pinturas egipcias, en las ánforas griegas, en los mosaicos romanos.
A pesar de tan ancestral cultura del vino, con su proyección social, literaria y mística, el Derecho tardó mucho en entrar en este campo, que le era ajeno mientras pertenecía al mundo de las satisfacciones de los sentidos o de los sentimientos. Sólo cuando el vino se convirtió en un problema de salud, de orden o económico -y los poderes públicos se interesaron por estas cuestiones- es cuando las pragmáticas y las leyes hicieron acto de presencia, primero prohibiendo, después fomentando y luego regulando la producción, la comercialización y el consumo.
No se pretende aquí, ni vendría al caso, hacer una síntesis histórica de la legislación vitivinícola; más bien hay que poner de relieve que no la hubo hasta tiempos recientes, salvo algunas medidas de policía de abastos, casi siempre de carácter local, que en España empiezan a adoptarse a medidos del siglo XVII, más para frenar los excesos de algunos vinateros que para regular las campañas. Durante el siglo XIX siguieron publicándose numerosas disposiciones del mismo tenor aunque, por influjo de las nuevas tendencias, se fue sustituyendo la idea de los “abastos” por la de la calidad. Tal vez sea la Real Orden de 23 de febrero de 1890 la primera de las disposiciones relativas a la elaboración de los vinos, Orden que hubo de ser reforzada por el Real Decreto de 7 de enero de 1897, cuyo preámbulo es muy ilustrativo.
A dicha preocupación viene a sumarse, ya casi en los umbrales del siglo XX, la del comercio exterior.
Bajo la regencia de María Cristina, se dictó el Decreto de 21 de agosto de 1888 por el que se dispone que el Gobierno establecerá en París, Londres y Hamburgo estaciones enotécnicas, con objeto de promover, auxiliar y facilitar el comercio de vinos españoles puros y legítimos.
Y así, prescindiendo de detalles que enturbiarían la claridad del esquema, se llega al Estatuto del Vino de 1932, en el que se intenta por primera vez la regulación completa del sector. Con el paso del tiempo, este notable cuerpo legal quedó desbordado por los avances tecnológicos y la expansión de esta rama de la producción agraria, y sus previsiones resultaron insuficientes o inadecuadas a la nueva situación creada en el entorno por la Comunidad Económica Europea.
Al efecto, por Ley 25/1970, de 2 de diciembre, se aprobó un nuevo Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, que es el que está formalmente -solo formalmente - en vigor.
2 Porque, después de esto, se han producido dos acontecimientos importantes: la promulgación de la Constitución Española de 1978, que configura el Estado de las Autonomías, y el ingreso de España en las Comunidades Europeas.
En principio, las competencias en materia de agricultura -y, por tanto, las relativas al cultivo de la vid y a sus productos- corresponden a las Comunidades Autónomas, si bien esa competencia no excluye toda intervención estatal, sino que es una competencia compartida, como reiteradamente ha declarado el Tribunal Constitucional.
De otra parte, la integración de España en la hoy llamada Unión Europea supuso la aceptación del acervo comunitario y el reconocimiento de la supremacía de sus normas sobre el ordenamiento jurídico interno.
A diferencia de lo ocurrido con otros productos incluidos en el marco de la Política Agrícola Común, que desde los inicios contaron con una Organización Común de Mercado, la OCM del vino no surge en la Europa de los seis hasta 1970, y hasta hace relativamente poco tiempo se ha venido rigiendo por el Reglamento (CEE) 822/1987, del Consejo de 16 de marzo. Desde entonces se han dictado un sinfín de disposiciones comunitarias de desarrollo y aplicación, lo que hacía que la regulación del sector fuera sumamente compleja. Por fin, se adoptó el Reglamento (CE) 1493/1999, de 17 de mayo, por el que se establece la nueva OCM vitivinícola, que es de aplicación directa en todos los Estados miembros a partir del 1 de agosto de 2000.
El otrora flamante Estatuto del Vino de 1970 ha quedado desfasado de tal forma que sería difícil precisar cuáles de sus preceptos siguen en vigor. De ahí, la necesidad de una nueva Ley, ya sugerida por el Consejo de Estado en su Memoria del año 1996, si no se quiere continuar en este campo como decía Pomponio que estaba el pueblo romano antes de las Doce Tablas: sine lege certa, sine iure certo (D.2.1.1.2).
3 Consta esta Ley de cuatro títulos, que tratan sucesivamente de los aspectos generales de la vitivinicultura, de la protección del origen y la calidad de los vinos, del régimen sancionador y del Consejo Español de Vitivinicultura.
En el primero de ellos, después de definir con leguaje castizo los productos y las prácticas de cultivo, se abordan las cuestiones capitales en esta materia, tales como lo relativo a las plantaciones y replantaciones, al riego de la vid y a la “chaptalización”, así como a la drástica medida del arranque de las viñas que estrenó en su tiempo el emperador Domiciano, hijo de Vespasiano, cuando para remediar la escasez de trigo y el exceso de vino mandó descepar la mitad de las viñas en todo el Imperio; y se abordan remitiéndose de ordinario a la normativa comunitaria, como exige la PAC.
En el título II se establece un sistema de protección de la calidad de los vinos con diferentes niveles, que pueden superponerse para los que proceden de una misma parcela, siempre que las uvas utilizadas y el vino obtenido cumplan los requisitos establecidos. De ahí resultan las distintas categorías de vinos: los de mesa con derecho al uso de menciones geográficas, los v.c.p.r.d., los de calidad con indicación geográfica, los vinos con denominación de origen calificada o no, y los vinos de pagos, con sus correspondientes órganos de gestión.
En el título III se regula el régimen sancionador aplicable a las infracciones administrativas en materia de vitivinicultura y en relación con los niveles de protección de los vinos, que necesariamente debe establecerse en una norma de rango legal en cumplimiento del principio de legalidad recogido en la Constitución.
No obstante, no todo el título III tiene carácter de normativa básica, sino únicamente aquellos preceptos que por su trascendencia juegan como niveladores del sistema sancionador, de manera que aseguren unos criterios de mínima y básica homogeneidad al conjunto del sistema.
Por su parte, el título IV se dedica al Consejo Español de Vitivinicultura, concebido como un órgano colegiado de carácter consultivo de representación de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como de las organizaciones económicas y sociales que operan en el sector de la vitivinicultura.
Además de para el cumplimiento de las funciones específicas que le marca la Ley, el Consejo aspira a ser un foro de encuentro, debate y formulación de iniciativas en orden a la mejora económica, técnica y social del sector vitivinícola español.
Si se compara este contenido con la amplitud del Estatuto del Vino de 1970, pudiera dar la impresión de que estamos ante un texto incompleto. Sin embargo, no es así. Dado que esta materia se halla minuciosamente regulada por el Derecho comunitario, dejando escaso margen de maniobra a los Estados miembros para el ejercicio de su potestad normativa, sería poco prudente incluir en una Ley -cuyo principal objetivo tal vez sea proporcionar una seguridad jurídica que ahora no existe- previsiones contingentes.
4 Según estadísticas fiables, España posee la mayor extensión de viñedo del mundo, con una superficie cultivada de 1.140.000 hectáreas. Es el tercer país productor de vino. Un tercio de esa producción corresponde a vinos de calidad. Se exportan cada año unos diez millones y medio de hectolitros de vinos y mostos, y aun así hay grandes excedentes.
Lo dicho pone de manifiesto la importancia, la necesidad y la oportunidad de una Ley, tan esperada, en cuyo proceso de elaboración se ha oído a las Comunidades Autónomas y se ha recabado el dictamen del Consejo de Estado.
5 Por último, la presente Ley tiene la condición de legislación básica dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en aquellos preceptos o parte de los mismos que se especifican en la Disposición Final Segunda. El resto de los preceptos de la Ley podrán ser de aplicación a las Comunidades Autónomas en defecto de normativa autonómica propia.
TÍTULO I
Ámbito de aplicación y aspectos generales de la vitivinicultura
Artículo 1. Objeto.
1. El objeto de la presente Ley es la ordenación básica, en el marco de la normativa de la Unión Europea, de la viña y del vino, así como su designación, presentación, promoción y publicidad.
2. Asimismo, se regulan en esta Ley los niveles diferenciados del origen y la calidad de los vinos, así como el sistema de la protección, en defensa de productores y consumidores, de las denominaciones y menciones que legalmente les están reservados frente a su uso indebido.
3. También se incluye en el ámbito de esta Ley el régimen sancionador de las infracciones administrativas en las materias a las que se refieren los dos apartados anteriores.
Artículo 2. Definiciones.
1. Las definiciones de los productos a que se refiere esta Ley son las establecidas en la normativa de la Unión Europea y aquellas que, con carácter complementario, se establezcan reglamentariamente por el Gobierno a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación o, en su caso, por la legislación de las Comunidades Autónomas.
2. En particular, a los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones:
- “Nueva plantación”: es la plantación efectuada en virtud de los derechos de nueva plantación contemplados en el artículo 3 del Reglamento (CE) 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, y aquella plantación que se refiera a nuevas superficies de uva de mesa o nuevas superficies de viñas madres de portainjertos.
- “Replantación”: es aquella plantación realizada en virtud de los derechos de replantación contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) 1493/1999.
- “Reposición de marras”: es la reposición de cepas improductivas a causa de fallos de arraigo, o por accidentes físicos, biológicos o meteorológicos.
- “Operadores”: son las personas físicas o jurídicas, o la agrupación de estas personas, que intervienen profesionalmente en alguna de las siguientes actividades del sector vitivinícola; la producción de la uva como materia prima, la elaboración del vino, su almacenamiento, su crianza, su embotellado y su comercialización.
- “Vino”: es el alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva.
- “Vinos tranquilos de calidad producidos en regiones determinadas” (en adelante, v.t.c.p.r.d.): son aquellos vinos de calidad producidos en regiones determinadas a los que se refiere la letra d) del apartado 2 del artículo 54 del Reglamento (CE) 1493/1999.
3. Las definiciones de los productos son excluyentes, no pudiendo utilizarse las respectivas denominaciones más que en los productos que se ajusten estrictamente a la definición.
Artículo 3. Indicaciones relativas a las características de los vinos.
A efectos de su protección, se establecen las siguientes indicaciones relativas a las categorías de envejecimiento:
a) Indicaciones comunes para los vinos de mesa con indicación geográfica y para los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (en adelante, v.c.p.r.d.):
- “Noble”, que podrán utilizar los vinos sometidos a un período mínimo de envejecimiento de dieciocho meses en total, en recipiente de madera de roble de capacidad máxima de 600 litros o en botella.
- “Añejo”, que podrán utilizar los vinos sometidos a un período mínimo de envejecimiento de veinticuatro meses en total, en recipiente de madera de roble de capacidad máxima de 600 litros o en botella.
- “Viejo”, que podrán utilizar los vinos sometidos a un período mínimo de envejecimiento de treinta y seis meses, cuando este envejecimiento haya tenido un carácter marcadamente oxidativo debido a la acción de la luz, del oxígeno, del calor o del conjunto de estos factores.
b) Indicaciones propias de los v.t.c.p.r.d. Además de las indicaciones reguladas en el apartado anterior, los v.t.c.p.r.d. podrán utilizar las siguientes:
- “Crianza”, que podrán utilizar los v.t.c.p.r.d. tintos con un período mínimo de envejecimiento de veinticuatro meses, de los que, al menos, seis habrán permanecido en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros; y los v.t.c.r.d. blancos y rosados con un período mínimo de envejecimiento de dieciocho meses, de los que, al menos, seis habrán permanecido en barricas de madera de roble de la misma capacidad máxima.
- “Reserva”, que podrán utilizar los v.t.c.p.r.d.
tintos con un período mínimo de envejecimiento de treinta y seis meses, de los que habrán permanecido, al menos, doce en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros, y en botella el resto de dicho período; los v.t.c.p.r.d. blancos y rosados con un período mínimo de envejecimiento de veinticuatro meses, de los que habrán permanecido, al menos, seis en barricas de madera de roble de la misma capacidad máxima, y en botella el resto de dicho período.
- “Gran reserva”, que podrán utilizar los v.t.c.p.r.d. tintos con un período mínimo de envejecimiento de sesenta meses, de los que habrán permanecido, al menos, dieciocho en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros, y en botella el resto de dicho período; los v.t.c.p.r.d. blancos y rosados con un período mínimo de envejecimiento de cuarenta y ocho meses, de los que habrán permanecido, al menos, seis en barricas de madera de roble de la misma capacidad máxima, y en botella el resto de dicho período.
c) Indicaciones propias de los vinos espumosos de calidad. Los vinos espumosos de calidad podrán utilizar las siguientes indicaciones:
- “Premium” y “reserva”, que podrán utilizar los vinos espumosos de calidad definidos en la normativa comunitaria y los vinos espumosos de calidad producidos en una región determinada (v.e.c.p.r.d.).
- “Gran reserva”, que podrán utilizar los v.e.c.p.r.d amparados por la Denominación Cava con un período mínimo de envejecimiento de treinta meses, contados desde el tiraje hasta el degüelle.
Artículo 4. Promoción.
1. Las Administraciones Públicas podrán financiar campañas de información, difusión y promoción del viñedo, del vino y de los mostos de uva, en el marco de la normativa de la Unión Europea y de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional vigente.
2. Los criterios orientativos que deberán seguirse en las campañas financiadas con fondos públicos serán los siguientes:
a) Recomendar el consumo moderado y responsable del vino.
b) Informar y difundir los beneficios del vino como alimento fundamental dentro de la dieta mediterránea.
c) Fomentar el desarrollo sostenible del cultivo de la vid, favoreciendo el respeto del medio ambiente, así como la fijación de la población en el medio rural.
d) Destacar los aspectos históricos, tradicionales y culturales de los vinos españoles; en particular, las peculiaridades específicas de suelo y clima que influyen en ellos.
e) Impulsar el conocimiento de los vinos españoles en el resto de Estados miembros de la Unión Europea y en terceros países con el objeto de lograr su mayor presencia en sus respectivos mercados.
f) Informar y difundir la calidad y los beneficios de los mostos y zumos de uva.
Las Administraciones Públicas promoverán una política de fomento de proyectos y programas de investigación y desarrollo en el sector vitivinícola.
Artículo 5. Plantaciones y derechos de replantación: autorizaciones.
1. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y consultadas las Comunidades Autónomas, regulará la normativa básica del régimen de autorizaciones de nuevas plantaciones y replantaciones de viñedo.
2. Siempre que la Unión Europea autorice nuevas plantaciones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación distribuirá las superficies con base en criterios objetivos entre las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta la adaptación al mercado de las producciones de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas y de los vinos de mesa con indicación geográfica y el equilibrio de la economía vitivinícola nacional.
3. La reposición de marras, no tendrá la consideración de replantación, y podrá efectuarse sin límite durante los cinco primeros años de la plantación o replantación, y según el régimen que reglamentariamente se establezca para los siguientes años.
4. El material vegetal utilizado en las nuevas plantaciones o replantaciones cumplirá los requisitos reglamentarios establecidos. Además, el material vegetal utilizado como portainjerto en zonas no exentas de filoxera deberá ser material de vid americana, o de sus cruzamientos, con probada resistencia a dicha plaga.
Artículo 6. Transferencia de derechos de replantación.
1. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, regulará la normativa básica de transferencia de derechos de replantación entre particulares, en el marco de la normativa comunitaria.
El Gobierno y las Comunidades Autónomas velarán para que no se produzcan desequilibrios en la ordenación territorial del sector vitivinícola.
2. Con objeto de no perder potencial vitícola, el Gobierno y las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus competencias, podrán crear y regular reservas de derechos de plantación de viñedo. La redistribución de estos derechos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se realizará teniendo en cuenta los criterios fijados en el apartado 2 del artículo 5.
Artículo 7. Variedades.
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, establecerá las modalidades en las que las Comunidades Autónomas deberán clasificar como variedades de vid en su ámbito territorial las variedades del género vitis destinadas a la producción de uva o de material de multiplicación vegetativo de la vid. Las variedades destinadas a uva de vinificación deberán pertenecer a la especie Vitis vinífera L.
Artículo 8. Arranque de viñedos.
1. Las plantaciones destinadas a la producción de vino realizadas con variedades de vid no clasificadas de acuerdo con el artículo 7 deberán ser arrancadas. Se exceptúan aquellos casos contemplados en la normativa comunitaria.
2. La obligación de arrancar el viñedo por aplicación de la normativa estatal o autonómica, en función del ámbito territorial de que se trate y de la normativa de la Unión Europea, será declarada mediante resolución de la Administración competente en cada caso, y previa la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo.
Artículo 9. Riego de la vid.
En el marco de la normativa comunitaria y, en su caso, de la legislación estatal o autonómica, la norma particular de cada vino de calidad producido en una región determinada podrá establecer la forma y condiciones en que esté autorizado el riego en su zona de producción, así como las modalidades de aplicación, siempre que esté justificado, en especial en aquellos casos en que la pluviometría sea inferior a la media anual. En todo caso se tendrá en cuenta el principio de que estas prácticas tiendan a mantener el equilibrio del potencial vegetativo de la planta con el ecosistema clima-suelo, a fin de obtener productos de alta calidad.
Artículo 10. Aumento artificial de la graduación alcohólica natural.
1. Queda prohibido el aumento artificial de la graduación alcohólica natural de uva, mostos y vinos, con la excepción de los supuestos en que expresamente se permita.
2. No obstante, cuando concurran condiciones meteorológicas desfavorables, podrá autorizarse el aumento de la graduación alcohólica de la uva, de los mostos y del vino nuevo aun en proceso de fermentación.
A estos efectos, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, regulará las condiciones básicas de autorización del aumento de graduación alcohólica natural de uvas, mostos y vinos. A tal fin, sin perjuicio de los métodos establecidos en el Reglamento (CE) 1493/1999 se utilizará, con carácter preferente, la adición de mosto concentrado o mosto concentrado rectificado.
3. En el marco de la normativa comunitaria vigente, queda prohibida la adición de sacarosa y de otros azúcares no procedentes de uva de vinificación para aumentar la graduación alcohólica natural de mostos y vinos.
Artículo 11. Mezclas de tipos de vinos.
En el marco de la normativa comunitaria, queda prohibida en España la mezcla de vinos tintos con vinos blancos.
TÍTULO II
Sistema de protección del origen y la calidad de los vinos
CAPÍTULO I
Aspectos generales
Artículo 12. Principios generales del sistema.
El sistema de protección del origen y la calidad de los vinos se basará en los siguientes principios:
a) Asegurar la calidad y mantener la diversidad de los vinos.
b) Proporcionar a los operadores condiciones de competencia leal.
c) Garantizar la protección de los consumidores y el cumplimiento del principio general de veracidad y demostrabilidad de la información que figure en el etiquetado.
d) Permitir la progresión de los vinos en diferentes niveles con un grado de requisitos creciente, de modo que cada nivel implique mayores exigencias que el inmediatamente inferior.
e) Contar con un sistema para el control previsto en esta Ley, realizado por un organismo público o privado.
Artículo 13. Niveles del sistema.
1. Según el nivel de requisitos que cumplan y, en su caso, de conformidad con la legislación autonómica, los vinos elaborados en España podrán acogerse a alguno de los siguientes niveles:
a) Vinos de mesa con derecho al uso de una mención geográfica, en los que, a su vez, podrán establecerse los siguientes niveles:
- Vinos de mesa con indicación geográfica.
- Vinos de la tierra.
b) Vinos de calidad producidos en una región determinada (v.c.p.r.d.), en los que, a su vez, podrán establecerse los siguientes niveles:
- Vinos de calidad con indicación geográfica.
- Vinos con denominación de origen.
- Vinos con denominación de origen calificada.
- Vinos de pagos.
2. La Denominación Cava tiene, a todos los efectos, la consideración de denominación de origen.
3. En el marco de la normativa comunitaria, los niveles establecidos en la letra a) del apartado 1 anterior podrán aplicarse a otros tipos de vinos distintos de los vinos de mesa.
4. Los operadores podrán decidir el nivel de protección a que se acogen sus vinos, siempre que éstos cumplan los requisitos establecidos para cada nivel en la presente Ley y en sus normas complementarias y, en su caso, en la legislación autonómica.
Artículo 14. Normativa específica para cada nivel.
1. Cada nivel de protección contará con una regulación general que, en todo caso, recogerá las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria, de la presente Ley y, en su caso, de la legislación autonómica, así como la correspondiente al sistema de control de los vinos.
2. Asimismo, para el reconocimiento de la protección de un nombre geográfico empleado para la designación de un vino dentro de un nivel determinado, éste deberá contar con una norma específica reguladora de acuerdo con los requisitos establecidos en cada caso.
Artículo 15. Caracterización de cada nivel de protección.
Las zonas de producción, elaboración y envejecimiento de los distintos niveles de protección deberán estar claramente delimitadas en función de criterios geográficos y, en su caso, antrópicos.
Asimismo, cada nivel de protección deberá tener variedades de vid asignadas y, en su caso, sus respectivos rendimientos máximos.
Igualmente, deberán definirse las características de los vinos amparados por cada nivel.
Artículo 16. Superposición de niveles.
Una misma parcela de viñedo podrá proporcionar uvas para la elaboración de vinos con destino a un único o a diferentes niveles de protección, siempre que las uvas utilizadas y el vino obtenido cumplan los requisitos establecidos para el nivel o niveles elegidos, incluidos los rendimientos máximos de cosecha por hectárea asignados al nivel elegido.
Artículo 17. Titularidad, uso y gestión de los bienes protegidos.
1. Los nombres geográficos protegidos por estar asociados con cada nivel según su respectiva norma específica, y en especial las Denominaciones de Origen, son bienes de dominio público y no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen.
La titularidad de estos bienes de dominio público corresponde al Estado cuando comprendan territorios de más de una Comunidad Autónoma y a las Comunidades Autónomas en los demás casos.
2. El uso y la gestión de los nombres protegidos estarán regulados por la presente Ley y las normas concordantes.
3. No podrá negarse el uso de los nombres protegidos a cualquier persona física o jurídica que lo solicite y cumpla los requisitos establecidos para cada nivel, salvo que se hubiera impuesto sanción de pérdida temporal o definitiva del uso del nombre protegido o concurra otra causa establecida en la normativa estatal o autonómica.
Artículo 18. Protección.
1. Los nombres geográficos asociados a cada nivel no podrán utilizarse para la designación de otros productos del sector vitivinícola.
2. La protección se extenderá desde la producción a todas las fases de comercialización, a la presentación, a la publicidad, al etiquetado y a los documentos comerciales de los productos afectados. La protección implica la prohibición de emplear cualquier indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los vinos en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a ellos.
3. Los nombres geográficos que sean objeto de un determinado nivel de protección no podrán ser empleados en la designación, presentación o publicidad de vinos que no cumplan los requisitos de dicho nivel de protección, aunque tales nombres vayan traducidos a otras lenguas o precedidos de expresiones como “tipo”, “estilo”, “imitación” u otros similares, ni aun cuando se indique el verdadero origen del vino. Tampoco podrán emplearse expresiones del tipo “embotellado en…”, “con bodega en…” u otras análogas.
4. Las marcas, nombres comerciales o razones sociales que hagan referencia a los nombres geográficos protegidos por cada nivel únicamente podrán emplearse en vinos con derecho al mismo, sin perjuicio de lo previsto en el Reglamento (CE) 1493/1999.
5. En caso de que un mismo nombre comercial o razón social sea utilizado para la comercialización de vinos correspondientes a distintos niveles de protección o procedentes de distintos ámbitos geográficos, los operadores deberán introducir en las etiquetas y presentación de los vinos elementos suficientes para diferenciar de manera sencilla y clara su calificación y procedencia, y para evitar, en todo caso, la confusión en los consumidores.
Artículo 19. Vinos de mesa con derecho al uso de menciones geográficas.
El vino de mesa con derecho al uso de una mención geográfica podrá utilizar, en los términos que establezca esta Ley y, en su caso, la legislación autonómica, las siguientes menciones, siempre que cumpla los requisitos que en cada caso se indica y que el territorio vitícola del que proceda, independientemente de su amplitud, haya sido delimitado teniendo en cuenta unas determinadas condiciones ambientales y de cultivo que puedan conferir a los vinos características homogéneas:
a) Vino de mesa con indicación geográfica, para el que debe haberse concretado la indicación geográfica, el área geográfica, las variedades de vid y los tipos de vino amparados.
b) Vino de la Tierra: además de los requisitos señalados anteriormente, se establecerá la graduación alcohólica natural mínima y las características fisicoquímicas y organolépticas propias de los distintos tipos de vinos amparados.
Artículo 20. Vinos de calidad producidos en regiones determinadas.
1. Los vinos de calidad producidos en regiones determinadas, definidos según la normativa de la Unión Europea y que se produzcan en España, pertenecerán a uno de los niveles enumerados en la letra b) del apartado 1 del artículo 13 de esta Ley.
2. Los nombres protegidos por su asociación con cada uno de los niveles de v.c.p.r.d. tendrán necesariamente carácter geográfico. Excepcionalmente, y en el marco de la normativa comunitaria, podrán ser consideradas como v.c.p.r.d. las denominaciones tradicionales no geográficas que designen vinos originarios de una región, comarca o de un lugar determinado y que cumplan las condiciones señaladas en cada caso.
3. La autoridad competente en cada caso reconocerá la existencia de un v.c.p.r.d. previo el procedimiento que reglamentariamente se establezca. La comunicación a la Unión Europea del reconocimiento de los nuevos v.c.p.r.d. para su protección comunitaria e internacional, corresponderá en todo caso a la Administración General del Estado.
4. La Administración competente en cada caso determinará reglamentariamente los supuestos en los que se podrá suspender o revocar el reconocimiento de un v.c.p.r.d. concreto o de sus órganos de gestión o control, cuando en él se constate el incumplimiento grave, reiterado y generalizado de los requisitos establecidos para acceder al nivel de protección que le haya sido reconocido o a la autorización otorgada.
5. Los operadores que deseen acogerse al amparo de un v.c.p.r.d. deberán inscribir sus viñedos, bodegas y demás instalaciones en el correspondiente órgano de gestión cuando exista y someterse, en todo caso, a un sistema de control.
Artículo 21. Vinos de calidad con indicación geográfica.
1. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por vino de calidad con indicación geográfica el producido y elaborado en una región, comarca, localidad o lugar determinado con uvas procedentes de los mismos, cuya calidad, reputación o características se deban al medio geográfico, al factor humano o a ambos, en lo que se refiere a la producción de la uva, a la elaboración del vino o a su envejecimiento.
2. Los vinos de calidad con indicación geográfica se identificarán mediante la mención “vino de calidad de”, seguida del nombre de la región, comarca, localidad o lugar determinado donde se produzcan y elaboren.
3. Los vinos de calidad con indicación geográfica contarán con un órgano de gestión.
Artículo 22. Vinos con denominación de origen.
1. A los efectos de la presente Ley se entenderá por “Denominación de origen” el nombre de una región, comarca, localidad o lugar determinado que haya sido reconocido administrativamente para designar vinos que cumplan las siguientes condiciones:
- haber sido elaborados en la región, comarca, localidad o lugar determinados con uvas procedentes de los mismos;
- disfrutar de un elevado prestigio en el tráfico comercial en atención a su origen,
- y cuya calidad y características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico que incluye los factores naturales y humanos.
2. Será requisito necesario para el reconocimiento de una denominación de origen que la región, comarca o lugar a la que se refiera hayan sido reconocidos previamente como ámbito geográfico de un vino de calidad con indicación geográfica con una antelación de, al menos, cinco años.
3. Además de los criterios señalados en el artículo 15, la delimitación geográfica de una denominación de origen incluirá exclusivamente terrenos de especial aptitud para el cultivo de la vid.
4. La gestión de la denominación de origen deberá estar encomendada a un órgano de gestión, denominado Consejo Regulador, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración competente.
Artículo 23. Vinos con denominación de origen calificada.
1. Además de los requisitos exigibles a las denominaciones de origen, las denominaciones de origen calificadas deberán cumplir los siguientes:
a) Que hayan transcurrido, al menos, diez años desde su reconocimiento como Denominación de Origen.
b) Que los productos amparados se comercialicen exclusivamente embotellados desde bodegas inscritas y ubicadas en la zona geográfica delimitada.
c) Que su organismo u órgano de control establezca y ejecute un adecuado sistema de control, cuantitativo y cualitativo, de los vinos protegidos, desde la producción hasta la salida al mercado, que incluya un control fisico-químico y organoléptico por lotes homogéneos de volumen limitado.
d) Que en las bodegas inscritas, que habrán de ser independientes y separadas por una vía pública de otras bodegas o locales no inscritos, solamente tenga entrada uva procedente de viñedos inscritos o mostos o vinos procedentes de otras bodegas también inscritas, y que en ellas se elabore o embotelle exclusivamente vino con derecho a la Denominación de Origen Calificada.
e) Que, dentro de su zona de producción, estén delimitados cartográficamente, para cada término municipal, los terrenos que se consideren aptos para producir vinos con derecho a la Denominación de Origen Calificada.
2. La gestión de la Denominación de Origen Calificada deberá estar encomendada a un órgano denominado Consejo Regulador, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración competente.
Artículo 24. Vinos de pagos.
1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por “pago” el paraje o sitio rural con características edáficas y de microclima propias que lo diferencian y distinguen de otros de su entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares y cuya extensión no podrá ser igual ni superior a la de ninguno de los términos municipales en cuyo territorio o territorios, si fueren más de uno, se ubique.
Se entiende que existe vinculación notoria con el cultivo de los viñedos, cuando el nombre del pago venga siendo utilizado de forma habitual en el mercado para identificar los vinos obtenidos en aquél durante un período mínimo de cinco años.
2. En caso de que la totalidad del pago se encuentre incluida en el ámbito territorial de una denominación de origen calificada, podrá recibir el nombre de “pago calificado”, y los vinos producidos en él se denominarán “de pago calificado”, siempre que acredite que cumple los requisitos exigidos a los vinos de la Denominación de Origen Calificada y se encuentra inscrito en la misma.
3. Los vinos de pagos serán elaborados y embotellados por las personas físicas o jurídicas que, por sí mismas o por sus socios, ostenten la titularidad de los viñedos ubicados en el pago. Dichos procesos se llevarán a cabo: el de elaboración en bodegas situadas en el mismo pago; y el de embotellado en bodegas situadas en el mismo pago o, excepcionalmente, en bodegas próximas a éste, correspondiendo, en todo caso, la titularidad de las bodegas a las personas físicas o jurídicas expresadas anteriormente.
4. Toda la uva que se destine al vino de pago deberá proceder de viñedos ubicados en el pago determinado y el vino deberá elaborarse, almacenarse y, en su caso, criarse de forma separada de otros vinos.
5. En la elaboración de los vinos de pagos se implantará un sistema de calidad integral, que se aplicará desde la producción de la uva hasta la puesta en el mercado de los vinos. Este sistema deberá cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en el artículo anterior para las Denominaciones de Origen Calificadas.
6. Cada vino de pago deberá contar con un órgano de gestión. No obstante, la legislación de las Comunidades Autónomas podrá exonerar de dicha obligación a aquellos vinos de pago cuyo número de operadores sea inferior a la cifra que determine.
7. La legislación autonómica podrá establecer, en su respectivo ámbito de competencia, la obligatoria inclusión de un pago en el ámbito de una denominación de origen o de una denominación de origen calificada.
Artículo 25. Órganos de gestión de los vinos de calidad producidos en una región determinada.
1. La gestión de cada vino de calidad con indicación geográfica, denominación de origen, denominación de origen calificada y, en su caso, vino de pago, será realizada por un “órgano de gestión”, en el que estarán representados los titulares de viñedos y bodegas inscritos en los Registros que se establezcan en la norma específica reguladora del v.c.p.r.d.
2. En todo caso, los órganos de gestión tendrán personalidad jurídica propia, de naturaleza pública o privada, plena capacidad de obrar y funcionarán en régimen de derecho público o privado. Podrán participar, constituir o relacionarse con toda clase de asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles, estableciendo entre sí, en su caso, los oportunos acuerdos de colaboración.
3. Los órganos de gestión se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, en sus normas de desarrollo y en la norma específica reguladora del v.c.p.r.d., así como en sus estatutos particulares, en su caso.
4. Un mismo órgano de gestión podrá gestionar dos o más vinos de calidad con indicación geográfica, denominaciones de origen, denominaciones de origen calificadas y, en su caso, vinos de pago, siempre que el órgano cumpla los requisitos exigidos con carácter general para los órganos del nivel máximo de protección que gestione.
5. Los órganos de gestión deberán ser autorizados por la Administración competente antes de iniciar su actividad.
6. La estructura y funcionamiento de los órganos de gestión se establecerá mediante el desarrollo reglamentario oportuno efectuado por la autoridad competente, cumpliendo, en cualquier caso, lo establecido en la presente Ley y manteniendo como principio básico su funcionamiento sin ánimo de lucro y la representatividad de los intereses económicos y sectoriales integrados en el v.c.p.r.d., con especial contemplación de los minoritarios, debiendo existir paridad en la representación de los diferentes intereses en presencia.
7. Los acuerdos y decisiones del órgano de gestión se harán públicos de forma que se garantice su conocimiento por los interesados y por los organismos independientes de control que operen en el ámbito territorial del v.c.p.r.d.
8. Cuando el órgano de gestión revista la modalidad de entidad de derecho público, la Administración competente fijará las condiciones de establecimiento de cuotas de pertenencia y derechos por prestación de servicios en los términos que legal y reglamentariamente se determinen.
9. El término “Consejo Regulador” queda reservado a los órganos de gestión de las denominaciones de origen y de las denominaciones de origen calificadas.
Artículo 26. Fines y funciones de los órganos de gestión.
1. Los fines de los órganos de gestión son la representación, defensa, garantía, investigación y desarrollo de mercados y promoción tanto del nivel de protección como de los vinos amparados.
2. Para el cumplimiento de sus fines, los órganos de gestión deberán desempeñar, al menos, las siguientes funciones:
a) Proponer el Reglamento del v.c.p.r.d., así como sus posibles modificaciones.
b) Orientar la producción y calidad y promocionar e informar a los consumidores sobre el v.c.p.r.d. y, en particular, sobre sus características específicas de calidad.
c) Velar por el cumplimiento del Reglamento del v.c.p.r.d., pudiendo denunciar cualquier uso incorrecto ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes.
d) Adoptar, en el marco del Reglamento del v.c.p.r.d., el establecimiento para cada campaña, con base en criterios de defensa y mejora de la calidad y dentro de los límites fijados por el Reglamento, los rendimientos, límites máximos de producción y de transformación, autorización de la forma y condiciones de riego, o cualquier otro aspecto de coyuntura anual que pueda influir en estos procesos.
e) Calificar cada añada o cosecha y establecer los requisitos que deben cumplir las etiquetas de los vinos en el ámbito de sus competencias.
f) Llevar los registros definidos en el Reglamento del v.c.p.r.d.
g) Elaborar estadísticas de producción, elaboración y comercialización de los productos amparados, para uso interno y para su difusión y general conocimiento.
h) Gestionar las cuotas obligatorias de la naturaleza que en el Reglamento del v.c.p.r.d. se establezcan para la financiación del órgano de gestión o Consejo Regulador.
i) Proponer los requisitos mínimos de control a los que debe someterse cada operador inscrito en todas y cada una de las fases de producción, elaboración y comercialización de los vinos amparados por cada v.c.p.r.d. y, en su caso, los mínimos de control para la concesión inicial y para el mantenimiento de la certificación.
j) Colaborar con las autoridades competentes en materia de vitivinicultura, en particular en el mantenimiento de los Registros públicos oficiales vitivinícolas, así como con los órganos encargados del control.
3. Cuando llegue a conocimiento de un órgano de gestión cualquier presunto incumplimiento de la normativa vitivinícola, incluida la normativa propia del v.c.p.r.d., aquél deberá denunciarlo a la autoridad que en cada caso resulte competente.
4. Con independencia de la naturaleza jurídica pública o privada de los órganos de gestión, las resoluciones que adopten respecto a las funciones enumeradas en los epígrafes d), f) y h) del apartado 2 de este artículo podrán ser objeto de impugnación en vía administrativa ante la autoridad que resulte competente según el ámbito territorial del v.c.p.r.d., en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración competente.
Artículo 27. Control y certificación.
1. El Reglamento de cada v.c.p.r.d. establecerá su sistema de control que, en todo caso, estará separado de la gestión del mismo. El control será efectuado:
a) o bien por un organismo independiente de control acreditado en el cumplimiento de la norma sobre “Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto” (UNE-EN 45011 o norma que la sustituya) y autorizado por la Administración competente;
b) o bien por un organismo independiente de inspección acreditado en el cumplimiento de la norma sobre “Criterios generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspección “ (UNE-EN 45004 o norma que la sustituya) y autorizado por la Administración competente;
c) o bien por un órgano administrativo o un organismo público que actuará de acuerdo con los principios del Real Decreto 50/1993, de 15 de enero, por el que se regula el control oficial de los productos alimenticios, y el Real Decreto 1397/1995, de 4 de agosto, por el que se aprueba medidas adicionales sobre el control oficial de productos alimenticios;
d) o bien, exclusivamente para los vinos con Denominación de Origen o con Denominación de Origen Calificada, por un órgano de control integrado en el correspondiente Consejo Regulador, debiéndose cumplir, además, los siguientes requisitos:
- Que se encuentren adecuadamente separados los órganos de gestión y control y que la actuación de estos últimos se realice sin dependencia jerárquica ni administrativa respecto de los órganos de dirección del Consejo Regulador y bajo la tutela de la Administración competente.
- Que se garanticen la independencia e inamovilidad de los controladores por un período mínimo de seis años y éstos sean habilitados a iniciativa del Consejo Regulador por la Administración competente entre expertos independientes.
- Que cumplan, según su naturaleza pública o privada, los principios y criterios señalados en los apartados a), b) o c).
2. Cuando en el Reglamento de un v.c.p.r.d. se opte por uno de los sistemas de control regulados en los epígrafes a) o b) del apartado anterior, la elección del organismo independiente de inspección o control corresponderá, en todo caso, al operador que deba ser objeto de control.
3. Los organismos privados autorizados que cumplan la norma EN 45004 remitirán los resultados de sus controles a la autoridad competente para que ésta decida sobre la concesión del nombre geográfico y sobre las medidas correctoras, en su caso, que podrán incluir la iniciación de procedimiento administrativo sancionador.
4. Cuando el Reglamento de un v.c.p.r.d. opte por el control de organismos privados autorizados que cumplan la norma sobre “Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto”, la decisión de éstos sobre la concesión del nombre geográfico tendrá carácter vinculante para la autoridad competente. A tal efecto, tales organismos deberán:
a) Tener establecido un procedimiento de certificación del v.c.p.r.d. según lo previsto en su Reglamento, incluyendo la supervisión de la producción de la materia prima, de la elaboración del producto y del producto terminado.
b) Tener fijadas las tarifas aplicables a cada uno de los productos objeto de control y certificación por los conceptos que se determinen reglamentariamente por la Administración competente.
c) Conservar, para su posible consulta por la administración competente, durante un plazo de seis años, los expedientes, documentación y datos de los controles realizados y de las certificaciones emitidas.
d) Estar acreditado o haber solicitado la acreditación conforme a la norma sobre “Requisitos generales para entidades que realizan la certificación de producto “ con un alcance que incluya el v.c.p.r.d. correspondiente objeto de control y certificación.
e) Comunicar a las autoridades competentes y a los órganos de gestión, la existencia de las irregularidades detectadas en el ejercicio de las funciones de control.
5. En ningún caso tendrá la consideración de sanción la denegación de la utilización del nombre geográfico o la suspensión temporal de la misma.
6. Sin perjuicio de los controles a los que se refieren los apartados anteriores, las autoridades competentes en materia vitivinícola podrán efectuar, en todo caso, aquellos controles complementarios que consideren convenientes, tanto a los operadores como a los organismos u órganos de control.
CAPÍTULO II
Procedimiento para reconocer un nivel de protección
Artículo 28. Solicitudes.
1. Los viticultores y elaboradores de vinos, o sus agrupaciones o asociaciones, que pretendan el reconocimiento de un nivel de protección determinado, deberán solicitarlo ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma o ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según que el ámbito territorial de aquél se circunscriba a una sola Comunidad o a más de una.
2. Los solicitantes deberán acreditar su vinculación profesional, económica y territorial con los vinos para los que se solicita la protección, por su condición de viticultores o de elaboradores que ejerzan su actividad en el área geográfica concernida.
Artículo 29. Documentación aneja a la solicitud.
La solicitud a la que se refiere el artículo anterior deberá ir acompañada de un estudio, que comprenderá, al menos, los siguientes elementos:
a) Respecto del nombre:
1.º Justificación de que el nombre geográfico es suficientemente preciso y está relacionado con la zona geográfica delimitada.
2.º Certificación del Registro Mercantil Central y de la Oficina Española de Patentes y Marcas de que no existen derechos previos respecto de ese nombre.
b) Respecto de los vinos:
1.º Delimitación de la zona geográfica basada en los factores naturales y humanos en su caso y, en especial, en las características edáficas y climáticas.
2.º Indicación de las variedades de vid autorizadas y de las técnicas de cultivo para la producción de uva.
3.º Características y condiciones de elaboración de los vinos.
4.º Métodos de elaboración.
5.º Descripción de los vinos.
6.º Modos de presentación y comercialización, así como principales mercados u otros elementos que justifiquen la notoriedad de los vinos, para los v.c.p.r.d.
Artículo 30. Tramitación.
1. El procedimiento de reconocimiento de los distintos niveles de protección y de sus respectivos órganos de gestión se establecerá por la Administración competente en cada caso, debiéndose asegurar la audiencia de todos los operadores que puedan resultar afectados por el reconocimiento.
2. El reconocimiento de un nivel de protección que afecte al territorio de dos o más Comunidades Autónomas exigirá, en todo caso, un informe previo y favorable de las respectivas Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Artículo 31. Resolución.
1. La resolución de reconocimiento establecerá, al menos, la zona de producción y crianza de los vinos, las variedades de uva utilizables, tipos de vinos, los sistemas de cultivo, elaboración y, en su caso, crianza, y los coeficientes máximos de producción y transformación.
2. El reconocimiento estará condicionado a que los solicitantes presenten, en el plazo máximo de seis meses, una propuesta de Reglamento del v.c.p.r.d. para su aprobación por la autoridad competente. Transcurrido dicho plazo sin que los solicitantes presenten una propuesta de Reglamento, cualquier otro operador interesado podrá iniciar de nuevo el procedimiento de reconocimiento del v.c.p.r.d.
Artículo 32. Ratificación.
1. Una vez aprobado el v.c.p.r.d., y, en su caso, su normativa específica, las Comunidades Autónomas solicitarán la ratificación de las disposiciones por las que lo hayan reconocido, a los efectos de su protección nacional, comunitaria e internacional. Con tal fin remitirán la solicitud en el plazo de un mes desde su publicación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien deberá ratificarla en el plazo de tres meses, salvo que la norma que vaya a ser ratificada incumpla la normativa básica o comunitaria de aplicación, o su ratificación cause perjuicio claro y manifiesto a los intereses de otros nombres geográficos cuya protección corresponda a otra Comunidad Autónoma o a la Administración General del Estado.
2. El mismo procedimiento establecido en el apartado anterior se aplicará a los vinos de mesa con derecho al uso de una indicación geográfica, con las adaptaciones que resulten necesarias por las particularidades de tales vinos.
TÍTULO III
Régimen sancionador
CAPÍTULO I
Obligaciones de los interesados y facultades de los inspectores
Artículo 33. Obligaciones de los interesados.
1. Las personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades estarán obligadas a cumplir lo establecido en la presente Ley y en la normativa concordante en materia de vitivinicultura. Estarán obligadas, igualmente, a conservar, en condiciones que permita su comprobación, por un tiempo mínimo de seis años, la documentación relativa a las obligaciones que se establecen en el número 2 de este artículo.
2. Asimismo estarán obligadas, a requerimiento de los órganos competentes o de los inspectores:
a) A suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos, servicios o sistemas de producción o elaboración, permitiendo la directa comprobación de los inspectores.
b) A exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas.
c) A facilitar que se obtenga copia o reproducción de la referida documentación.
d) A permitir que se practique la oportuna toma de muestras o cualquier otro tipo de control o ensayo sobre sus viñedos o sobre los productos o mercancías que elaboren, distribuyan o comercialicen, y sobre las materias primas, aditivos o materiales que utilicen.
e) Y, en general, a consentir la realización de las visitas de inspección y a dar toda clase de facilidades para ello.
Artículo 34. Inspección.
1. En el ejercicio de sus funciones de control en materia de vitivinicultura, los inspectores de las Administraciones Públicas tendrán el carácter de agente de la autoridad, en relación con el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Podrán solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad, así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, autonómicas o locales.
2. Podrán acceder directamente a los viñedos, explotaciones, locales e instalaciones y a la documentación industrial, mercantil y contable de las empresas que inspeccionen cuando lo consideren necesario en el curso de sus actuaciones que, en todo caso, tendrán carácter confidencial. Tanto los órganos de las Administraciones Públicas como las empresas con participación pública, organismos oficiales, organizaciones profesionales y organizaciones de consumidores prestarán, cuando sean requeridos para ello, la información que se les solicite por los correspondientes servicios de inspección.
3. Los inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el deber de secreto profesional. El incumplimiento de este deber será sancionado conforme a los preceptos del reglamento de régimen disciplinario correspondiente.
Artículo 35. Medidas cautelares.
1. Los inspectores podrán inmovilizar cautelarmente las mercancías, productos, envases, etiquetas, etcétera, relacionados presuntamente con alguna de las infracciones previstas en esta Ley, haciendo constar en acta tanto el objeto como los motivos de la intervención cautelar.
2. Las medidas cautelares adoptadas por los inspectores deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en un plazo no superior a quince días por el mismo órgano que sea competente para incoar el correspondiente procedimiento sancionador. Las medidas quedarán sin efecto cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
3. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un organismo público o a un órgano de control, de los previstos en las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 27 de la presente Ley, el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador podrá acordar, a propuesta del instructor, la suspensión cautelar del indicado organismo u órgano de control. En tal caso, la resolución que se dicte establecerá el sistema de control aplicable en tanto se sustancia el procedimiento sancionador.
4. No se podrán adoptar las medidas cautelares referidas en los apartados 1 y 3 anteriores cuando puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
5. En todo caso, las medidas previstas en este artículo podrán ser alzadas o modificadas, de oficio o a instancia de parte, durante la tramitación del procedimiento por providencia de su Instructor, extinguiéndose con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
6. Cuando no pueda iniciarse un procedimiento sancionador por falta de competencia sobre el presunto responsable, y el órgano competente no haya levantado la inmovilización de las mercancías intervenidas cautelarmente, éstas no podrán ser comercializadas en ningún caso. El presunto responsable, o cualquier titular de derechos sobre tales mercancías, optará entre la reexpedición al lugar de origen y la subsanación de los defectos cuando sea posible, o solicitará su decomiso; los gastos de tales operaciones correrán a cargo de quien haya optado por ellas.
Artículo 36. Competencia.
Corresponde la titularidad de la potestad sancionadora por las infracciones tipificadas en esta Ley:
a) A la Administración General del Estado, en el caso de infracciones relativas a los niveles de protección cuyo ámbito territorial se extienda a dos o más Comunidades Autónomas.
b) Al órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los demás casos.
CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones
Artículo 37. Infracciones.
Los incumplimientos de lo dispuesto en esta Ley, en la normativa comunitaria concordante o en las disposiciones de desarrollo serán considerados como infracciones administrativas, que podrán ser leves, graves o muy graves.
Artículo 38. Infracciones leves.
1. Se considerarán infracciones leves:
a) La ausencia de los libros-registro, sin causa justificada, cuando fueren requeridos para su control en actos de inspección.
b) Las inexactitudes o errores en libros-registro, en declaraciones relativas a vinos o mostos, o en documentos de acompañamiento, cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta no supere un 10 por 100 de esta última.
c) La falta de actualización de los libros-registro cuando no haya transcurrido más de un mes desde la fecha en que debió practicarse el primer asiento no reflejado.
d) La presentación de declaraciones relativas a vinos o mostos fuera del plazo reglamentario.
e) El suministro de información incorrecta en las solicitudes relativas a viticultura.
f) La plantación de viñedo sin autorización en una superficie igual a la arrancada que, de acuerdo con la normativa vigente, pudiera generar un derecho de replantación.
g) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa comunitaria o nacional en materia de potencial de producción para la concesión de ayudas públicas.
h) La falta de alguna de las indicaciones obligatorias en el etiquetado o presentación de los productos, salvo lo previsto en el apartado e) del artículo siguiente, o su expresión en forma distinta a la reglamentaria.
i) El incumplimiento de la entrega de productos para las destilaciones obligatorias.
j) La aplicación, en forma distinta a la establecida, de tratamientos, prácticas o procesos autorizados en la elaboración o transformación de los productos regulados en esta Ley, siempre que no exista un riesgo para la salud.
k) La regularización de las plantaciones realizadas antes del 1 de septiembre de 1998 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3, apartados a) y c), del Reglamento (CE) 1493/1999.
l) El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la autorización de plantaciones, salvo lo previsto en el apartado siguiente.
m) Las plantaciones con variedades de vid o de portainjertos no clasificados en la unidad administrativa correspondiente, el incumplimiento de la obligación del arranque de la parcela que ha sido objeto de la concesión de un derecho de plantación anticipado, o las plantaciones nuevas de vides o de portainjertos sin autorización, cuando el infractor procediere, en un plazo inferior a dos meses desde que la Administración lo requiriera para ello, al arranque de la superficie afectada por la infracción.
n) La reposición de marras que incumpla las condiciones establecidas en esta Ley.
ñ) El riego de la vid cuando esté prohibida dicha práctica.
o) El suministro incompleto de la información o documentación necesaria para las funciones de inspección y control administrativo.
p) El traslado físico, sin autorización del órgano competente, de las mercancías intervenidas cautelarmente, siempre que no se violen los precintos ni las mercancías salgan de las instalaciones en las que fueron intervenidas.
q) El incumplimiento de obligaciones meramente formales que impongan las disposiciones generales vigentes en la materia regulada por la presente Ley; en particular, la falta de inscripción de explotaciones, empresas, mercancías o productos, en los registros de las Administraciones Públicas regulados en dichas disposiciones generales, o la no comunicación de los cambios de titularidad.
2. Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un nivel de protección, constituirán infracciones leves:
a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que en cada caso sean precisos en los Registros del nivel de protección, cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta no supere un 5 por 100 de esta última.
b) No comunicar cualquier variación que afecte a los datos suministrados en el momento de la inscripción en los Registros, cuando no haya transcurrido más de un mes desde que haya acabado el plazo fijado en la norma que regule el nivel de protección.
c) Cualquier otra infracción a la norma reguladora del nivel de protección o a los acuerdos de su órgano de gestión que establezcan obligaciones adicionales a las generales de cualquier vitivinicultor en materia de declaraciones, libros-registro, documentos de acompañamiento y otros documentos de control.
Artículo 39. Infracciones graves.
1. Se considerarán infracciones graves:
a) La falta de libros-registro, documentos de acompañamiento o declaraciones relativas a vinos o mostos, así como los errores, inexactitudes u omisiones en ellos que afecten a las características de los productos o mercancías consignados.
b) Las inexactitudes o errores en libros-registro, documentos de acompañamiento o declaraciones relativas a vinos o mostos cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta supere un 10 por 100 de esta última.
c) La falta de actualización de los libros-registro cuando haya transcurrido más de un mes desde la fecha en que debió practicarse el primer asiento no reflejado.
d) La aportación de datos falsos en las solicitudes de ayudas y subvenciones públicas y el suministro de información falsa en las solicitudes relativas a viticultura.
e) La omisión en la etiqueta de la razón social responsable, o la falta de etiquetas o rotulación indeleble que fueran preceptivas, o la utilización de envases o embalajes que no reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes.
f) La utilización en el etiquetado, presentación o publicidad de los productos, de denominaciones, indicaciones, calificaciones, expresiones o signos que no correspondan al producto o induzcan a confusión, salvo lo previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo siguiente. En particular, la utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de las menciones sobre envejecimiento reguladas en el apartado a) del artículo 3, o de las menciones reservadas a v.c.p.r.d. distintas a las reguladas en el apartado b) del mismo artículo.
g) El incumplimiento de la entrega de productos para las destilaciones obligatorias de dos o más campañas en el período de cinco años anteriores a la inspección.
h) La tenencia o venta de productos enológicos sin autorización.
i) La elaboración de los productos regulados en esta Ley mediante tratamientos, prácticas o procesos no autorizados, siempre que no existan riesgos para la salud, así como la adición o sustracción de sustancias que modifiquen la composición de los productos regulados con resultados fraudulentos.
j) Las defraudaciones en la naturaleza, composición, calidad, peso o volumen o cualquier discrepancia entre las características reales de los productos de que se trate y las ofrecidas por el productor, elaborador o envasador, así como cualquier acto de naturaleza similar cuyo resultado sea el incumplimiento de las características de los productos establecidas en la legislación vigente.
k) La tenencia de maquinaria, instalaciones o productos no autorizados para la elaboración o almacenamiento de los vinos o mostos, en locales de las industrias elaboradoras o envasadoras, siempre que no entrañen riesgos para la salud.
l) Destino de productos a usos no conformes con la normativa relativa al potencial vitícola.
m) Las plantaciones con variedades de vid o de portainjertos no clasificados en la unidad administrativa correspondiente, el incumplimiento de la obligación del arranque de la parcela que ha sido objeto de la concesión de un derecho de plantación anticipado, o las plantaciones de vid o de portainjertos sin autorización, cuando el infractor no procediere, en un plazo inferior a dos meses desde que la Administración le requiera para ello, al arranque de la superficie afectada por la infracción.
n) La oposición a la toma de muestras, la dilación injustificada o la negativa a suministrar información o documentación necesaria para las funciones de inspección y control administrativo, así como la aportación de documentación o información falsa.
ñ) La manipulación o disposición en cualquier forma, sin contar con la autorización del órgano competente, de mercancías intervenidas cautelarmente, cuando no resulte acreditado que entrañasen un riesgo para la salud.
2. Además, para los operadores voluntariamente acogidos a un nivel de protección, constituirán infracciones graves:
a) Las inexactitudes u omisiones en los datos y comprobantes que, en cada caso, sean precisos en los registros del nivel de protección correspondiente, cuando la diferencia entre la cantidad consignada y la correcta supere el porcentaje que se establezca en la normativa estatal o autonómica, según corresponda, que en ningún caso podrá ser superior al 5 por 100 de dicha diferencia.
b) El incumplimiento de las normas específicas del nivel de protección sobre prácticas de producción, elaboración, conservación, transporte, acondicionamiento, etiquetado, envasado y presentación.
c) La expedición, comercialización o circulación de vinos amparados desprovistos de las contraetiquetas, precintas numeradas o cualquier otro medio de control establecido por la norma reguladora del nivel de protección.
d) Efectuar operaciones de elaboración, envasado o etiquetado de vinos amparados en instalaciones no inscritas en el nivel de protección correspondiente ni autorizadas.
e) El impago de las cuotas obligatorias establecidas, en su caso, para la financiación del órgano de gestión.
f) Cualquier otra infracción a la norma específica del nivel de protección o a los acuerdos de su órgano de gestión en materia de producción, elaboración o características de los vinos amparados.
3. Para los organismos u órganos de inspección o de control constituirán infracciones graves las siguientes:
a) La expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos.
b) La realización de inspecciones, ensayos o pruebas por los citados organismos u órganos de forma incompleta o con resultados inexactos por una insuficiente constatación de los hechos o por la deficiente aplicación de normas técnicas.
Artículo 40. Infracciones muy graves.
1. Se considerarán infracciones muy graves:
a) La elaboración o comercialización de los productos regulados en esta Ley mediante tratamientos, prácticas o procesos aplicados de forma que exista un riesgo para la salud.
b) La no introducción en las etiquetas y presentación de los vinos de los elementos suficientes para diferenciar claramente su calificación y procedencia, a fin de evitar confusión en los consumidores, derivada de la utilización de una misma marca, nombre comercial o razón social en la comercialización de vinos correspondientes a distintos niveles de protección o procedentes de diferentes ámbitos geográficos.
c) La tenencia de maquinaria, instalaciones o productos no autorizados para la elaboración o almacenamiento de los vinos o mostos, en locales de las industrias elaboradoras o envasadoras, cuando entrañen riesgos para la salud.
d) La falsificación de productos o la venta de productos falsificados.
e) La negativa absoluta a la actuación de los servicios públicos de inspección.
f) La manipulación, traslado o disposición en cualquier forma de mercancías intervenidas cautelarmente, sin autorización del órgano competente y cuando resulte acreditado que entrañaban un riesgo para la salud.
g) Las coacciones, amenazas, injurias, represalias, agresiones o cualquier otra forma de presión a los empleados públicos encargados de las funciones de inspección o vigilancia administrativa.
2. En relación con los v.c.p.r.d. constituirán, asimismo, infracciones muy graves:
a) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones, nombres comerciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referencia a los nombres amparados por un nivel de protección, o que, por su similitud fonética o gráfica con los nombres protegidos o con los signos o emblemas que le sean característicos, puedan inducir a confusión sobre la naturaleza, calidad u origen de los productos, aunque vayan precedidos por los términos “tipo”, “estilo”, “género”, “imitación “, “sucedáneo” u otros análogos.
b) La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de las menciones reservadas a v.c.p.r.d. reguladas en la letra b) del artículo 3.
c) El uso de los nombres protegidos en productos a los que expresamente se les haya negado.
d) La indebida tenencia, negociación o utilización de los documentos, etiquetas y otros elementos de identificación propios del v.c.p.r.d., así como la falsificación de los mismos.
e) Cualquier acción de los miembros de un órgano de gestión que cause desprestigio o perjuicio al v.c.p.r.d. o tienda a producir confusión sobre la verdadera naturaleza del producto.
3. Para los organismos u órganos de inspección o de control constituirán infracciones muy graves las tipificadas en el apartado 3 del artículo anterior cuando de las mismas resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, la flora, la fauna o el medio ambiente.
4. Para los Consejos Reguladores de los vinos con Denominación de Origen o con Denominación de Origen Calificada, en cuya estructura estuvieran integrados los órganos de control, constituirá infracción muy grave la intromisión en la actividad de estos últimos o la perturbación de la independencia o inamovilidad de los controladores.
Artículo 41. Responsabilidad por las infracciones.
1. De las infracciones en productos envasados serán responsables las firmas o razones sociales que figuren en la etiqueta, bien nominalmente o bien mediante cualquier indicación que permita su identificación cierta. Asimismo será responsable solidario el elaborador, fabricante o envasador que no figure en la etiqueta si se prueba que conocía la infracción cometida y que prestó su consentimiento. En caso de que se hayan falsificado las etiquetas, la responsabilidad corresponderá a las personas que comercialicen los productos a sabiendas de la falsificación.
2. De las infracciones en productos a granel, o envasados sin etiqueta, o cuando en la etiqueta no figure ninguna firma o razón social, será responsable su tenedor, excepto cuando se pueda identificar de manera cierta la responsabilidad de un tenedor anterior, y sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al actual.
3. De las infracciones relativas a plantaciones, replantaciones, reposiciones de marras o riego será responsable el titular de la explotación y, subsidiariamente, el propietario de la misma.
4. De las infracciones cometidas por las personas jurídicas, incluidos los órganos de gestión de los v.c.p.r.d. y los organismos u órganos de inspección o control, serán responsables, subsidiariamente, los administradores o titulares de las mismos que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.
5. Asimismo serán responsables subsidiariamente los técnicos responsables de la elaboración y control respecto de las infracciones directamente relacionadas con su actividad profesional.
6. La responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas en esta Ley será independiente de la responsabilidad civil o penal que, en su caso, pueda exigirse a sus responsables, sin perjuicio de que no puedan concurrir dos sanciones cuando se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
Artículo 42. Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 3.000 euros, pudiendo rebasarse este importe hasta alcanzar el valor de las mercancías, productos o superficies objeto de la infracción.
En materia de viticultura, el cálculo del valor de los productos se realizará en la forma que se recoge en el punto 2.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre 3.001 y 150.000 euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de las mercancías, productos o superficies objeto de la infracción.
En el caso de infracciones graves en materia de viticultura, el importe de la sanción será del tanto al quíntuplo del valor de la producción afectada. Ésta se calculará multiplicando la producción anual media por hectárea en el quinquenio precedente en la zona o provincia donde esté enclavada la superficie afectada por el precio medio ponderado en el mismo período y en la misma zona o provincia.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida entre 150.001 y 3.000.000 de euros, pudiendo rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el décuplo del valor de las mercancías o productos objeto de la infracción.
4. Cuando las infracciones graves sean cometidas por operadores acogidos a un nivel de protección y afecten a éste, podrá imponerse como sanción accesoria la pérdida temporal del uso del nombre protegido por un plazo máximo de tres años. Si se tratase de infracciones muy graves, podrá imponerse como sanción accesoria la pérdida temporal por un plazo máximo de cinco años o la pérdida definitiva de tal uso.
5. En el supuesto de la comisión de infracción grave o muy grave, el órgano competente para resolver podrá imponer como sanción accesoria alguna de las siguientes medidas:
a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño.
b) Decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas, etc., relacionados con la infracción, o cuando se trate de productos no identificados.
c) Clausura temporal, parcial o total, de la empresa sancionada por un período máximo de cinco años.
d) Suspensión de los organismos públicos u órganos de control, de forma definitiva o por un período máximo de diez años.
6. Las sanciones previstas en esta Ley serán compatibles con la pérdida o retirada de derechos económicos previstos en la normativa comunitaria.
Artículo 43. Medidas complementarias.
1. Cuando se hayan intervenido cautelarmente mercancías, productos, envases, etiquetas, etc., relacionados con la infracción sancionada, la autoridad a la que corresponda resolver el procedimiento sancionador acordará su destino. Las mercancías o productos deberán ser destruidos si su utilización o consumo constituyera peligro para la salud pública. En todo caso, los gastos originados por el destino alternativo, la destrucción o el decomiso correrán por cuenta del infractor, incluida la indemnización que deba abonarse al propietario de la mercancía decomisada cuando éste no sea el infractor.
2. Cuando el obligado no cumpla la obligación impuesta en el artículo 8, relativa al arranque de viñedos, o lo haga de forma incompleta, así como cuando el infractor no cumpla una obligación impuesta como sanción accesoria, o lo haga de forma incompleta, podrán imponerse multas coercitivas a fin de que se cumpla íntegramente la obligación o la sanción establecida.
3. En el caso de incumplimiento de la obligación de arranque de viñedos, las multas coercitivas se impondrán con una periodicidad de seis meses hasta el cumplimiento total del arranque y su importe será de hasta 3.000 euros por hectárea.
En caso de incumplimiento de la obligación de arranque, el órgano administrativo competente para requerir el arranque del viñedo podrá optar por ejecutar subsidiariamente dicha operación. Los gastos de arranque siempre correrán por cuenta del interesado.
4. En el caso de incumplimiento de la obligación impuesta como sanción accesoria, las multas coercitivas se impondrán con una periodicidad de tres meses hasta el cumplimiento total de la sanción a que se refieran y su importe no podrá ser superior a 3.000 euros.
Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con las multas que procedan como sanción por la infracción cometida.
Artículo 44. Graduación de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, entre las asignadas a cada tipo de infracción, se tomarán en consideración los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad o de simple negligencia.
b) La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o infracciones que se sancionen en el mismo procedimiento.
c) La naturaleza de los perjuicios causados; en particular, el efecto perjudicial que la infracción haya podido producir sobre la salud o intereses económicos de los consumidores, los precios, el consumo o, en su caso, el prestigio del v.c.p.r.d.
d) La reincidencia, por comisión en el término de tres años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por resolución firme.
e) El volumen de ventas o producción y la posición de la empresa infractora en el sector vitivinícola.
f) El reconocimiento y la subsanación de las infracciones antes de que se resuelva el correspondiente procedimiento sancionador.
g) La extensión de la superficie de cultivo o el volumen y valor de las mercancías o productos afectados por la infracción.
2. La cuantía de la sanción podrá minorarse cuando los hechos constitutivos de la infracción sancionada ocasionen, al mismo tiempo, la pérdida o retirada de beneficios comunitarios en proporción a la efectiva pérdida o retirada de dichos beneficios. Asimismo podrá minorarse la sanción en atención a las circunstancias específicas del caso cuando la sanción resulte excesivamente onerosa.
3. Cuando en la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador se determine la cuantía del beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones sancionadas, la sanción impuesta en ningún caso podrá ser inferior en su cuantía al mismo.
Artículo 45. Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los cuatro años y las leves a los dos años.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los seis años, las impuestas por infracciones graves a los cuatro año y las impuestas por infracciones leves a los dos años.
TÍTULO IV
El Consejo Español de Vitivinicultura
Artículo 46. Consejo Español de Vitivinicultura.
1. Adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se crea un órgano de carácter consultivo que se denominará Consejo Español de Vitivinicultura.
2. El Consejo Español de Vitivinicultura estará integrado por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las organizaciones económicas y sociales que operan en el sector vitivinícola, en la forma que determine el Gobierno mediante Real Decreto dictado a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Artículo 47. Funciones del Consejo Español de Vitivinicultura.
Serán funciones del Consejo Español de Vitivinicultura:
a) Asesorar, informar y dictaminar, cuando así se le solicite, sobre cualquier disposición legal o reglamentaria que afecte directamente a la vitivinicultura española, así como formular propuestas en este ámbito.
b) Aprobar los planes estratégicos de actuación y la Memoria Anual Sectorial.
c) Informar a las Mesas Sectoriales.
d) Proponer las actuaciones necesarias para la promoción y el fomento de la vitivinicultura, realizando los estudios precisos al efecto.
e) Proponer las reformas administrativas que sean necesarias para la mejora del sector vitivinícola.
f) Las demás que puedan atribuir las disposiciones vigentes.
Disposición adicional primera. Productos derivados de la uva y del vino.
La presente Ley será también de aplicación en lo que proceda a los productos derivados de la uva o del vino y, en particular, al vinagre de vino, al brandy, al aguardiente de orujo y al mosto.
Disposición adicional segunda. Estadística vitícola.
Las Comunidades Autónomas mantendrán y actualizarán el Registro vitícola comprensivo de los datos relativos al viñedo en su ámbito territorial, dando traslado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de las variaciones que se produzcan, para la conservación y actualización de los datos estadísticos nacionales y cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa comunitaria.
Disposición adicional tercera. Certificación de procedencia.
Los certificados de procedencia de los vinos que puedan requerir los interesados para su exportación a terceros países serán expedidos, en todo caso:
- cuando se trate de vinos amparados por un nivel de protección, por el órgano encargado del control de dicho nivel de protección;
- cuando se trate de vinos de mesa, por las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas.
Disposición adicional cuarta. Registros de envasadores de vino.
Cada Comunidad Autónoma deberá llevar un Registro de envasadores de vinos. Los datos contenidos en estos Registros serán comunicados, y se facilitará su acceso al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En el etiquetado de los productos afectados por el Registro de envasadores de vinos deberá figurar como mención obligatoria el número de Registro atribuido por las Comunidades Autónomas competentes.
Disposición adicional quinta. Denominación Cava.
La Denominación Cava podrá acceder al nivel de denominación de origen calificada una vez acredite cumplir los requisitos establecidos en el artículo 23 de esta Ley.
Disposición adicional sexta. Sistemas de control de los niveles de protección de ámbito supraautonómico.
En función de cuáles sean los sistemas de control efectivamente adoptados en relación con los niveles de protección de ámbito supraautonómico, el Gobierno adoptará las medidas precisas para asegurar la real y efectiva aplicación de aquellos sistemas.
Disposición adicional séptima. Aplicación de la legislación de defensa de los consumidores y usuarios.
Las normas contenidas en la presente Ley se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre protección y defensa de los consumidores y usuarios.
Disposición transitoria primera. Actuaciones previas.
En tanto se promulguen las normas reglamentarias sobre toma y análisis de muestras y sobre actuaciones previas a la iniciación de procedimientos sancionadores, en dicha materia, será de aplicación, a estos exclusivos efectos, el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la protección agro-alimentaria.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de los actuales reglamentos de v.c.p.r.d. y órganos de gestión a la nueva regulación.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, deberán adaptarse a sus previsiones los actuales reglamentos de v.c.p.r.d., así como sus órganos de gestión.
Disposición transitoria tercera. Autorización de mezcla de vinos.
La prohibición de mezclar vinos establecida en el artículo 11 de la presente Ley no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2.003.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, con las excepciones:
- Las normas contenidas en dicha Ley relativas al régimen de infracciones y sanciones aplicables a los productos agroalimentarios con denominación de origen distintos del vino, del vinagre de vino, del brandy, del mosto y demás productos derivados de la uva.
- Las normas contenidas en dicha Ley relativas a los Consejos Reguladores de los productos agroalimentarios con denominación de origen distintos de los expresados en el apartado anterior.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se faculta al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, pueda dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley, así como para actualizar la cuantía de las sanciones pecuniarias previstas en la misma, teniendo en cuenta las variaciones del índice de precios al consumo.
Disposición final segunda. Título competencial.
1. La presente Ley es de aplicación directa a la Administración General del Estado y a las Entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma.
2. Constituyen legislación básica, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, los siguiente preceptos:
- Título I, completo, excepto el artículo 4.
- Del Título II, los siguientes preceptos:
El Capítulo I completo, excepto el artículo 16, los números 4 y 7 del artículo 25 y las letras b), e) y g), del número 2 del artículo 26.
El apartado 1 del artículo 31.
El artículo 32.
- Del Título III, los siguientes preceptos:
El artículo 37.
El apartado 1 del artículo 38.
Los apartados 1 y 3 del artículo 39.
Del artículo 40, los apartados 1, 3 y 4 íntegros; y del apartado 2, las letras a) y b).
Los artículos 41, 42, 44 y 45.
3. Los restantes preceptos de la presente Ley podrán ser de aplicación a las Comunidades Autónomas en defecto de normativa autonómica propia.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
