El objetivo es aumentar la protección de los accionistas minoritarios y reformar la Ley de Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones en el sentido de obligar a una empresa a lanzar una oferta si compra otra en caso de modificación de su consejo en un determinado porcentaje.
Además, la Proposición no de Ley pretende promover la mejora de la protección del inversor en España y, entre otras cosas, está previsto impulsar la regulación del voto electrónico. Se trata de un mecanismo que permitirá a los accionistas asistir a la Junta por vía tecnológica, así como promover la delegación de voto vía Internet.
