Estos municipios han presentado un conflicto en defensa de la autonomía local contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria ante el Tribunal Constitucional, donde piden la retirada de dicha Ley, porque consideran que les puede perjudicar financieramente.
Esta iniciativa, que se plantea por primera vez con carácter general contra una Ley, ha sido acompañada con las certificaciones de acuerdos municipales contrarios a la misma adoptados por más de 1.200 Ayuntamientos, que representan a 14.599.718 habitantes.
Para la interposición de la impugnación se requería un mínimo de acuerdos adoptados por mayoría absoluta de un número de Ayuntamientos superior al millar y que representasen a más de 6 millones de habitantes.
La reforma de la Ley del Tribunal Constitucional realizada en el año 1999 introdujo esta posibilidad siempre y cuando el conflicto fuera planteado por al menos un séptimo de los municipios existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de Ley (en este caso toda España), y representen como mínimo un sexto de la población del ámbito territorial correspondiente.
Al final, 1.200 Ayuntamientos reunidos en sesión plenaria a lo largo de seis meses, han conseguido aprobar la iniciativa de pronunciarse contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y plantear un conflicto en defensa de la autonomía local.
El recurso presentado argumenta que la Ley es “lesiva para la autonomía municipal, porque plantea modificaciones restrictivas en la capacidad de autofinanciación municipal, cuando todavía no ha sido posible definir un nuevo modelo de financiación de las Haciendas Locales”.
