EL EJEMPLO DE LOS JUECES
Muchas veces no hace falta reformar la Constitución, ni siquiera las leyes, para que las instituciones políticas funcionen mejor. Basta, simplemente, con que los titulares de cargos públicos actúen con la competencia y eficacia necesarias para llevar a cabo sus funciones. Otra cosa es que para cumplir mejor estas funciones sea conveniente cambiar las normas. Pero con la legislación actual, sin esperar a que se modifique, el mero buen ejercicio de un cargo público ya supone un avance. Esto es lo que se desprende de ciertas recientes decisiones judiciales.
Desde un sector muy extendido de la opinión pública se ha estado dando por sentado que los jueces y magistrados estaban politizados y, cuando convenía, eran un mero instrumento de los partidos políticos. Que en los medios de comunicación se asignase a los jueces su condición de conservadores o progresistas para explicar la razón de sus resoluciones todavía contribuía más a la sospecha. Todo ello ponía en cuestión las bases mismas del Estado de derecho, ya que se vulneraban, como mínimo, dos de sus principios más fundamentales: la separación de poderes y la independencia judicial.
Como es sabido, en un sistema parlamentario, como es el nuestro, el Gobierno necesita el apoyo de una mayoría de las Cámaras, con lo cual la separación entre estos dos poderes es muy débil y el control político que el Parlamento ejerce sobre el Gobierno es bastante ineficaz. De ahí que sea muy importante el control de constitucionalidad y de legalidad del poder que ejercen los tribunales. Si el control político es insuficiente, al menos el ejecutivo está sometido al control jurídico.
Pues bien, en recientes casos políticamente muy comprometidos la justicia está dando ejemplo de independencia. Ahí la separación de poderes parece funcionar. Recordemos algunos.
En primer lugar, el de la hermana y el cuñado del Rey, bastante insólito en el derecho comparado, a pesar de los escándalos del mismo tipo, y algunos más graves, generados en otras monarquías europeas. En segundo lugar, el de Jordi Pujol y familia, un personaje que es mucho más que un expresidente de la Generalitat. En tercer lugar, la llamada Operación Púnica, en la que se ha encausado judicialmente a importantes alcaldes y otros altos cargos del partido del Gobierno basándose en investigaciones policiales. En cuarto lugar, la admisión a trámite de la querella contra Artur Mas. En quinto lugar, el documento de los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo denunciando presiones públicas del Gobierno en el asunto de la reducción de las penas a miembros de ETA. Podríamos seguir, ustedes conocen otros casos similares.
¿Han cambiado las leyes? No: los jueces han resistido a las presiones y están cumpliendo con su deber. Este país no funciona tan mal como dicen algunos.
