VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)
Los seis magistrados que integran este tribunal confirman así la decisión adoptada el pasado mes de mayo por la juez que instruye las diligencias, titular de la Plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, y refrendado después, en junio, por ella misma, al resolver un recurso de reforma, según ha informado el TSJCV en un comunicado.
La instructora denegó entonces tanto la remisión de una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV contra el presidente de la Generalitat, dada su condición de aforado, como imputar en el procedimiento a la delegada del Gobierno central en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
La Audiencia dictamina ahora, tras examinar las alegaciones de la parte recurrente, que la decisión de la juez instructora es "razonable" y resuelve por tanto petición relativa al presidente de la Generalitat ha de ser "directamente desestimada".
Según el auto de apelación, los recurrentes no argumentan "adecuadamente" que se cumplan "los requisitos señalados por el auto del TSJCV", que rechazó en diciembre del pasado año abrir una causa a partir de las querellas y denuncias contra el jefe del Consell por su actuación en la gestión de la dana.
Para los magistrados, el recurso de apelación en este punto no incluye "una justificación adecuada" de la concurrencia de los presupuestos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En este mismo auto, la Sección Segunda vuelve a rechazar la petición de que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana sea imputada, ya que la apelación no contiene "nuevas alegaciones" que justifiquen la adopción de una decisión distinta de lo ya resuelto sobre el mismo asunto por el mismo tribunal en resoluciones anteriores.
El tribunal ha emitido un segundo auto que ha sido notificado también este miércoles, en el que desestima el recurso de apelación de otra acusación particular, que en este caso reclamaba que la jueza de Catarroja citara a varios testigos, entre ellos al que fuera secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.
