SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
De la memoria anual del SAVA, recogida por la Junta en una nota de prensa, destaca "especialmente" que más de la mitad de las personas atendidas (55,5%) residen fuera de las capitales de provincia. Esta cifra se debe a la puesta en marcha de equipos itinerantes, una iniciativa del Gobierno andaluz que ha permitido extender la cobertura del SAVA a 50 partidos judiciales en entornos rurales. Gracias a esta medida, se garantiza una atención más cercana, accesible y equitativa para las víctimas, vivan donde vivan, ha subrayado la Administración autonómica.
El SAVA es un servicio público con 26 años de historia que ofrece una atención integral a las víctimas desde el momento de la denuncia, incluyendo asesoramiento jurídico, asistencia psicosocial, información, orientación y acompañamiento durante el procedimiento judicial. Aunque atiende a víctimas de todo tipo de delitos desde el inicio del proceso judicial, la mayoría de las personas usuarias son mujeres denunciantes de violencia de género (7.929 el año pasado), así como los hijos menores a su cargo. En estos casos, el origen rural de las víctimas es aún mayor, casi el 60%.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, remarca el "esfuerzo por llevar este servicio cada vez a más zonas de Andalucía, porque quienes viven en los municipios del medio rural tienen los mismos derechos y deben tener las mismas prestaciones que los habitantes de las grandes ciudades". El perfil del total de usuarios del SAVA es el de una mujer soltera de entre 30 y 44 años, residente fuera de la capital, con estudios primarios y desempleada que sufre daños psicológicos por delitos de torturas y contra la integridad moral cometidos por su expareja.
Tras los delitos de torturas o contra la integridad moral, que representan el 27,18%, los más habituales son los delitos contra la libertad (24,06%) y los de lesiones (24%). No obstante, en la memoria anual, los profesionales del SAVA muestran su preocupación por el incremento de víctimas de delitos de carácter tecnológico, tanto adultas como menores, tales como el ciberbullying, la sextorsión o la suplantación de personalidad. También llaman la atención sobre los delitos de odio en los que las formas de victimización a menudo permanecen ocultas.
En cuanto a los menores atendidos, de los 2.078 en su mayoría son niñas (1.524). Una de las intervenciones que se realiza con los menores es la elaboración de la prueba preconstituida para evitar la doble victimización que supone declarar varias veces a lo largo del proceso judicial. Así, la declaración se realiza una sola vez y queda grabada.
Para facilitar estas pruebas, la Consejería ha "sextuplicado el número de Salas Gesell, ya que en 2019 solo se disponía de siete en toda Andalucía, frente a las 41 actuales". Tanto estos equipamientos como las salas de espera específicas para víctimas de violencia de género, que evitan cualquier contacto con el agresor, forman parte de la apuesta de la Junta por humanizar el servicio de Justicia.
El SAVA cuenta en toda Andalucía con 67 profesionales con formación en las ramas de Derecho, Criminología, Psicología y Trabajo Social, que trabajan en coordinación con las autoridades judiciales, los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los Institutos de Medicina Legal, así como con los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Al tratarse de una atención integral prolongada durante todo el proceso, los equipos multidisciplinares realizan varias actuaciones con cada persona. De ahí que el año pasado se alcanzara la cifra de 137.389, de las que 67.668 fueron de ámbito general (sobre todo informarles de sus derechos, mantener una entrevista de acogida y un seguimiento telefónico). Otras 29.245 actuaciones fueron dentro del ámbito jurídico, 22.008 psicosociales y 18.368 de ámbito social.
"Andalucía puede presumir de tener un servicio de atención a víctimas que es un referente nacional e internacional". Prueba de ello es que la Unión Europea se ha interesado por conocer la asistencia que presta el SAVA a las víctimas de violencia de género y doméstica. Así, la pasada primavera, representantes de asociaciones que trabajan con víctimas en Portugal, Francia, Croacia, Lituania, Chipre o Países Bajos visitaron las instalaciones del SAVA en Huelva dentro del proyecto '2Gether4Victims', promovido por Victim Support Europe y financiado por la UE, para mejorar la respuesta institucional a víctimas de violencia de género y violencia doméstica.
